Lt 10

Representantes del Partido PARES participaron de las audiencias públicas convocadas por el ENRESS en Rosario y Santa Fe para debatir sobre las tarifas de ASSA. Defendieron el rol del estado en la operación y expansión de los servicios sanitarios. Denunciaron el retroceso sufrido durante la experiencia privatizadora. Cuestionaron la magnitud del incremento solicitado y las justificaciones presentadas por la empresa estatal. Y reclamaron acelerar la modificación del marco regulatorio de ASSA.



En las exposiciones se dejo en claro el lugar histórico y político desde donde se formula la propuesta, recordando que los dirigentes y legisladores que integran PARES participaron decididamente en la oposición el experimento privatizador que llevó adelante el justicialismo hasta el 2006 y trabajaron para que el estado provincial recupere su rol indelegable en materia de obras de saneamiento.



Ahora, estamos aquí para exponer sobre la factibilidad del aumento de tarifas del 138% reclamado por Aguas Santafesinas SA. Para ello se deben considerar los múltiples factores que condicionan y determinan la actividad de esta prestadora de servicios públicos.



Entendemos que la discusión no puede circunscribirse a los aspectos contables de la empresa sino que debe orientarse dentro de una política estratégica para la extensión de los servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe.



En este sentido debemos señalar que nos enfrentamos a uno de los desafíos más importantes para el estado provincial que tiene impacto directo sobre la calidad de vida y la salud de la población.



Comparando los datos de los últimos dos censos nacionales, encontramos que en la última década disminuyó el porcentaje hogares que se encuentran conectados a una red pública de agua potable o cloacas en la provincia de Santa Fe. Veamos:



- En el Censo 2001 el 85,4% de los hogares de la provincia estaba conectado a una red pública de agua potable. Pero en el Censo 2010 ese porcentaje disminuyó al 84%



- Lo mismo sucede con el servicio de cloacas. En el Censo 2001 el 51,5% de los hogares santafesinos estaba conectado a una red pública de cloacas, pero 10 años después ese porcentaje había disminuido al 50%.



¿Que pasó en esa década? Fracasó el experimento privatizador de Aguas Provinciales de Santa Fe y las inversiones públicas posteriores a 2006 no alcanzaron a compensar el retroceso que se produjo en la cobertura de servicios sanitarios en toda la provincia.

Pero la situación es distinta en las 15 ciudades atendidas por ASSA y en las 347 localidades del resto de la provincia que son servidas por entes comunales o municipales y cooperativas de servicios públicos.



En el área de ASSA, donde viven 2.000.000 de personas, la cobertura de agua potable es del 97% y la cobertura de cloacas llega al 66%, según datos de la empresa.



En contraposición, la situación en el resto de la provincia donde operan entes municipales, comunales o cooperativas de servicios públicos, es bien distinta.



Según un relevamiento del ENRESS realizado en 2007, hay 237 servicios que distribuyen agua potable en el interior de la provincia que presentan desvíos en la calidad química del agua con relación a los parámetros establecidos la Ley Nº 11220.



En aquel momento el ENRESS estableció la siguiente calificación de los servicios en función de la calidad química del agua potable:



- “calidad buena” 64 servicios



- “calidad aceptable” 54 servicios



- “calidad regular” 70 servicios



- “calidad inaceptable” 48 servicios



Por eso decimos que la discusión sobre las tarifas de ASSA debe inscribirse en la política estratégica que la provincia de Santa Fe lleva adelante para lograr la universalización de los servicios sanitarios.



Desde esta perspectiva disentimos con los argumentos presentados por la empresa para justificar la necesidad de aumentar las tarifas un 138%.



Creemos que no se puede concebir una empresa de servicios públicos dedicada a satisfacer el derecho humano al agua como una empresa privada más que fija su tarifa en base a costos y rentabilidad.



No estamos de acuerdo en considerar al aporte que realiza el Tesoro Provincial como dinero destinado a cubrir un déficit que debe ser disminuido a partir de los mayores ingresos que se obtengan por el aumento de tarifas.



Los términos de esta ecuación se deben invertir: ¿Cuánto más debe aportar el estado santafesino para alcanzar el objetivo de agua y cloacas para todos? ¿Quién aporta esos fondos? ¿Con que criterios y prioridades se distribuyen en todo el territorio provincial?



Se dice que es injusto que el conjunto de los santafesino financie con sus impuestos el servicio que reciben los habitantes de 15 ciudades. Pero si vemos la inversión que en la actualidad se realiza para obras saneamiento en toda la provincia nos encontramos con otra realidad.



En el 2012 el aporte que el Tesoro Provincial realizará para el funcionamiento de ASSA será 244 millones de pesos, datos del presupuesto provincial.



El mismo presupuesto provincial asigna 87 millones para acueductos y 45 millones para obras de agua y cloacas en municipios y comunas.



Esto significa que la inversión anual por habitante en el área de ASSA es de 122 pesos mientras que en el resto de la provincia llega a 110 pesos.



Sabemos que hay diferencias de calidad, precio y extensión del servicio entre un área y la otra, pero nos parece que no podemos aceptar como argumento la mentada injusticia en la distribución de recurso que se trata de esgrimir para justificar un aumento del 138% en la tarifas de ASSA.



En todo caso debemos discutir como aumentamos los fondos disponibles del presupuesto provincial para una política universal de saneamiento y como integramos en una perspectiva estratégica común las acciones que en la actualidad esta llevando adelante el gobierno del Frente Progresista, que aún se encuentran condicionadas por la vigencia de un marco regulatorio vetusto y un esquema de gestión empresaria atado al modelo de la privatización.



Finalmente, proponemos:



- Mantener los aportes del Tesoro Provincial en los niveles que sea necesario para asegurar continuidad y calidad del servicio.



- Limitar el aumento de tarifas al impacto del proceso inflacionario en los costos de la empresa durante el año 2011.



- Segmentar los eventuales aumentos de manera progresiva según las características socioeconómicas de los usuarios.



- Iniciar el debate sin demoras para arribar a un nuevo marco regulatorio que reemplace la Ley 11.220 poniendo como principio ordenador que el acceso a los servicios sanitarios es un derecho de todas las personas.