La atención de las cardiopatías congénitas volvió al centro del debate público tras un pronunciamiento de la fundación, que alertó sobre el impacto que genera la incertidumbre en políticas sanitarias con más de 15 años de trayectoria. La organización advirtió que no alcanza con afirmar que la salud “está garantizada” si, en la práctica, se debilitan las redes que permiten diagnósticos oportunos, derivaciones correctas y tratamientos a tiempo.
El documento pone el foco en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política de Estado respaldada por una ley nacional y reconocida como modelo internacional. Según remarcan, el desmantelamiento de equipos técnicos y la toma de decisiones desde una lógica administrativa comprometen su funcionamiento real, aun cuando continúe vigente en términos formales. La situación también alcanza a la provincia de Santa Fe, donde la falta de renovación de convenios y las demoras administrativas generan preocupación por el aumento de las listas de espera.
“La verdad que he arrancado el año mal. Lo que es de común conocimiento es que la red hoy está desarticulada porque despidieron a profesionales que son los idóneos en la evaluación de los niños”, expresó Erica Bode, presidenta de la fundación, en diálogo con el móvil de LT10.
La dirigente cuestionó los mensajes oficiales que buscan llevar tranquilidad sin precisiones concretas. “Según el Ministerio de Salud, a través de un tuit, dice que está garantizado. ¿Con quién? ¿Con quién está garantizado si no están los profesionales que pueden decidir el traslado, el dónde y el cómo?”, planteó.
Bode explicó que el programa funciona desde hace más de una década y media como una red nacional coordinada. Detalló que existe un centro coordinador donde se reciben las denuncias y se resuelve el traslado, la operación y los plazos. “Esa red hoy está desarticulada”, enfatizó.
En ese contexto, advirtió sobre el impacto directo en las familias de todo el país: “Necesitamos respuesta para dársela a la familia. Nosotros funcionamos hace 15 años para los sectores más vulnerables, porque esto es más que nada en el sector público”.
La presidenta de la entidad también expresó su preocupación por la fragilidad legal del programa. Si bien existe una ley nacional, advirtió que se requiere saber qué pasará con los expertos y quiénes se harán cargo de la red para que las decisiones quirúrgicas sean acordes.
Sobre la situación en Santa Fe, Bode fue contundente: “Con la provincia tenemos un tema hace dos meses y medio. El convenio con el equipo del Garrahan no se renovó y estamos a la espera. La lista de espera es grande; así fuese un solo niño, esa vida vale igual que todas las otras”.
Finalmente, remarcó que la demora no solo agrava el cuadro sanitario, sino que incrementa los costos económicos. No obstante, concluyó que el foco debe estar en el derecho de los niños y las familias a recibir una respuesta calificada del sistema de salud.