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Las consultoras privadas sancionadas por Guillermo Moreno se presentaron hoy en la comisión de Libertad de Expresión para manifestar su repudio a la represalia que la Secretaría de Comercio Interior les aplicó a través de la Dirección de Lealtad Comercial por realizar estimaciones de inflación.

En la reunión realizada esta mañana en el anexo de Diputados sin voces oficialistas, la oposición buscó dar respaldo a los representantes de empresas y una fundación. Según anunció la diputada Patricia Bullrich radicará una denuncia en la Justicia por lo que consideró un avance sobre derechos fundamentales.

Tras la multa de medio millón de pesos por "imprecisiones técnicas" en la elaboración de estimaciones, la dependencia oficial a cargo del polémico funcionario, volvió a intimar a los privados con nuevos argumentos: cuestionó sus opiniones en medios gráficos e, incluso, les envió desgrabaciones de notas que los profesionales dieron a distintas radios.

Esa acusación, lejos de los detalles técnicos de los primeros cuestionarios, fue considerada un ataque a la libertad de expresión, lo que motivó la citación en el ámbito parlamentario. La presidenta de la comisión, Silvana Giudici (UCR), lo enmarcó en un proceso de expansivo del "autoritarismo" del Gobierno.

Entre los presentes, estuvieron Elsa Quiroz (CC), Margarita Stolbizer (GEN), Carlos Favario (PDP), Fernando Iglesias (CC), Alfonso Prat Gay (CC).

Antes de que legisladores expresaran su apoyo a los economistas, los que hicieron uso de la palabra expresaron su preocupación por la avanzada oficial y el temor a nuevas represalias. Se habló de "autocensura" y limitaciones para evitar castigos.

Gabriel Rubinstein rompió el hielo entre los profesionales convocados. Se explayó sobre la "escalada perversa" en el accionar del Gobierno con los consultores. "Nos sentimos intimidados, censurados", afirmó. Y pidió a los legisladores "Ponerse más las pilas" para concretar acciones. "La inacción es aprovechada por el Gobierno como una oportunidad para avanzar", señaló.

Carlos Melconian, de M & S consultores, hizo especial énfasis sobre la necesidad de que la Justicia se expida sobre la cuestión. "Es clave, urge, que la Justicia diga 'Deje a ese ciudadano opinar tranquilo'", dijo el economista, que destacó la antigüedad de su índice y la inexistencia de una "provocación" a partir de su elaboración.

Por otra parte, Juan Luis Bour, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, puso de relevancia la solidez técnica de las estimaciones de inflación y concluyó: "En este proceso al que somos sometidos la multa no es la sanción, sino el proceso mismo".

También sumó críticas Miguel Kiguel, de Econviews, también profesor de la Universidad Di Tella. "Si empezamos con la inflación, después se va a evitar vaya a saber qué debate", dijo preocupado. Y advirtió: "Cada vez vamos a escuchar menos números". Para Kiguel la "censura posterior" a las opiniones llevan, como la censura previa, al silencio.

Jorge Todesca, de Finsoport -y candidato a la jefatura de Gobierno de Buenos Aires- remarcó que "el tema es esencialmente político" y denunció la existencia de "un aparato de espionaje o de inteligencia que pagamos todos, y se dedica a recortar diarios y hacer desgrabaciones de lo que dicen (los economistas) a los medios".

Marina Dal Poggeto, de Bein y Asociados, consideró que el Gobierno "ganó la batalla del Indec (al quedar "cajoneados" los proyectos para saneralo), la batalla contra las consultoras, y ahora quedan los índices provinciales, una lucha que seguramente van a dar".

Por último, Fausto Spotorno, de Orlando Ferreres y Asociados, manifestó su preocupación por el "peligroso argumento" que da el Gobierno al decir que las opiniones "dañan a la economía". "Lo mismo podrían interpretar de una crítica políticas", alertó. Y se quejó del costo económico del castigo impuesto.

Santiago Paz, director de Ecolatina -una de las únicas que sigue hablando públicamente de sus índices de inflación- planteo un interrogante: "¿Cómo podemos seguir sin autocensurarnos?". Lo hizo después de aludir a la segunda intimación de Moreno, sobre las publicaciones en artículos de medios gráficos. "Cada vez que abrimos la boca tenemos una nueva intimación", dijo, tras defender el debate por la inflación que "es una máquina de generar pobres".

¿Indices en la comisión? Tal como publicó La Nacion la semana pasada, presentó un proyecto de Resolución para que la comisión de Libertad de Expresión se convierta en una suerte de canal para la publicación de las cifras privadas. Aunque algunos de los economistas presentes consultados marcaron reparos en la idea que, temen, deje un margen para que el Gobierno vuelva a arremeter contra ellos. La condición sería mantener el anonimato, aunque el método de la difusión sería otro de los elementos a definir.