Lt 10

Un día después de que la diputada Elisa Carrió presentara un escrito con pruebas de la existencia de supuestas bóvedas en una de las propiedades del empresario Lázaro Báez, el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y remitió la denuncia a la Justicia de Santa Cruz. El fiscal Guillermo Marijuán apeló esa decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, que deberá resolver sobre el tema.
“
No comparto la decisión del juez, por eso apelé. Ahora será la Cámara la que defina”, dijo Marijuán, consultado por El Cronista. La denuncia –llevada por Carrió a su fiscalía, la número 9, y dada a conocer en la tarde-noche del martes por el diario Clarín– generó una inmediata respuesta de Báez, que abrió las puertas de su chacra en Río Gallegos a la prensa para demostrar que no existía tal bóveda, en la que presuntamente guardaba dinero, documentación relevante y amas de fuego.

Esta mañana, al derivarse esa parte de la causa al juzgado de Casanello, que tramita el expediente general “Lázaro Báez y otro s/ encubrimiento y asociación ilícita”, se esperaba que el magistrado la incluyera. Sin embargo, el magistrado nombrado en el juzgado número 7 en octubre del año pasado, decidió desprenderse de la causa, al entender que se trata de un hecho provincial sobre el que carece de jurisdicción para investigar. Así, pasó la investigación a un juzgado de Río Gallegos, donde la semana pasada asumió la conjueza Andrea Askenazi, una de las 21 designadas por el Senado de la Nación a principios de mes.
Además, Casanello resolvió ofrecer el plan de protección de testigos a Sergio Triviño Tecol, empleado de Báez en su firma Austral Construcciones, que supuestamente habría colaborado para desmontar las bóvedas y las fotografió para resguardarse.

Mientras, Carrió advirtió que denunciará a Casanello, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a quienes acusó de integrar una “asociación ilícita” destinada a encubrir diversos delitos. Carrió dijo que Casanello es un “encubridor de Lázaro Báez”, pidió el juicio político a Gils Carbó por ser “un ariete de las mafias para garantizar la impunidad y por “no defender” al fiscal Marijuán, quien investiga la causa de lavado de dinero, de quien recordó que “tanto él como sus hijas fueron amenazados”. Ante la consulta de El Cronista, Marijuán evitó hablar de esas presuntas amenazas.

Carrió siguió con su batería de acusaciones, dijo que Casanello “forma parte del encubrimiento” y profundizó: “Allanaron ‘La Rosadita’ -las oficinas de Madero Center donde funcionaba la financiera SGI- y toda la documentación se llevó a una casa de Tigre”. Al respecto, especificó, en Radio Mitre: “El fiscal se presentó ante el juez pidiéndole allanamiento y el juez lo negó. Esto está en la causa y por eso denunciaremos al juez por encubrimiento. Esta es la Justicia que quiere Cristina, que es la verdadera dueña de todo lo que se está llevando Báez”.

En la causa principal, Casanello investiga a Báez, a su hijo Martín y a los contadores Leonardo Fariña y Daniel Pérez Gadín por presunto lavado de unos 55 millones de euros que -según se reveló en el programa “Periodismo Para Todos”- habrían sido sacados del país en aviones para ser depositados en cuentas del exterior. Esa presentación llegó a la Justicia luego de que en su primera edición del año, Periodismo Para Todos diera a conocer detalles de la relación entre Báez, los Kirchner y Fariña, quien en una cámara oculta en el programa reconoció ser parte de una asociación que también integraban, además de Báez y Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar y el empresario Fabián Rossi.