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“Espero que ya seamos ricos y estemos retirados cuando se caiga este castillo de naipes”, escribió en 2006 un empleado de Standard & Poor’s (S&P) a otro en un mensaje. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha analizado millones de correos electrónicos para la demanda que presentó este martes en California contra la agencia de calificación de riesgos por la manera en la que infló la nota de los paquetes de deuda estructurados con hipotecas basura. Es la primera acción legal que se inicia en EE UU contra una firma crediticia por su papel en la mayor crisis desde la Gran Depresión. La Fiscalía acusa a S&P de un fraude que provocó pérdidas de más de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros).

En la documentación entregada por el Departamento de Justicia, se señala que “S&P sabía que si esos activos de deuda no tenían una calificación lo suficientemente alta, la mayoría de las instituciones financieras no habrían invertido en ellos”. Y le acusa de engañar a los inversores al decir que la nota era objetiva, independiente y sin conflictos de intereses. Todo eso era falso, según el fiscal general Eric Holder.

La demanda cubre el periodo que va desde septiembre del año 2004 a octubre de 2007, que coincide con la fuerte apreciación del mercado inmobiliario en Estados Unidos hasta que empezaron a hacerse evidentes los primeros síntomas de la crisis. La Administración de Barack Obama insiste en que todo era falso y que, tras esa calificación desorbitada, estaba el deseo de la filial de McGraw-Hill de “elevar los ingresos y su cuota” en el mercado de la deuda hipotecaria.

Holder explicó en rueda de prensa que esa ansia por crecer “le llevó a rebajar y obviar el verdadero alcance del riesgo de esos activos, para así favorecer los intereses de los grandes bancos de inversión y otras firmas metidas en el negocio”. Por eso concluyó que hubo una “intención de defraudar, engañar y participar en una trama fraudulenta” por parte de la agencia de calificación.

S&P puso nota a activos hipotecarios por valor de casi cuatro billones de dólares durante esos tres años. Los abogados de la firma neoyorquina insisten en que se puede cuestionar cómo se hizo el proceso de calificación, pero quieren ver las pruebas que tiene el Gobierno para acusarle ahora de fraude. Es más, recuerda que su análisis de la época coincidió con el de otras firmas y con el de la propia Reserva Federal y del Tesoro, que tampoco vieron venir la gravedad de la crisis.


Si hay juicio, el proceso puede durar años, por lo que no se descarta un arreglo extrajudicial. Por ahora, esa vía ha fracasado porque el Departamento de Justicia quería una indemnización de más de 1.000 millones de dólares (unos 750 millones de euros) y S&P solo estaba dispuesta a admitir una mucho menor.


De momento, Holder califica la acción legal contra S&P como un “importante paso adelante” para perseguir y castigar las conductas abusivas que llevaron a la crisis financiera. La investigación de su departamento, precisó, comenzó en 2009, al poco de llegar Obama a la Casa Blanca. Además, se apresuró en negar cualquier intención política en la maniobra contra la agencia. En este sentido, el fiscal dejó claro que no hay “conexión alguna” entre la demanda contra la filial de McGraw-Hill y el recorte que asestó en el verano de 2011 a la nota que aplicaba a la deuda soberana de EE UU. S&P es la única entre las grandes agencias que le privó de la triple A. Moody’s, sobre la que también se cuestionó su conducta en el pasado, no es objeto de la última acción legal emprendida por la Administración Obama.

El ataque se ejecuta por la vía civil, porque para exigir un castigo por la vía criminal debía contar con pruebas sólidas de que hubo intención de cometer un fraude. Holder se limitó a hablar ante la prensa de “conflictos de interés significativos” y señaló que los ejecutivos de S&P ignoraron las alertas. Las agencias se han defendido anteriormente de demandas alegando que solo manifestaban opiniones independientes en uso de su libertad de expresión, garantizada por la Constitución. Pero los tribunales han empezado a cuestionar ese argumento.

A la espera de ver cómo progresa el caso, de momento McGraw-Hill está sufriendo un serio castigo en Wall Street. Sus acciones volvieron a caer un 10% este martes, tras perder un 13,8% el lunes. Y aunque Moody’s parece de momento librarse de la reprimenda legal, la palabra fraude revoloteando sobre su rival ha mermado cerca del 18% su capitalización bursátil en dos días.