La clausura de una fiesta en el ingreso a Alto Verde volvió a poner en discusión el control de la nocturnidad en Santa Fe y el esquema de habilitaciones para eventos masivos. El operativo conjunto entre la Municipalidad y la Unidad Regional I se activó cuando los inspectores detectaron que la cantidad de asistentes triplicaba el aforo declarado, una situación que —según el Ejecutivo local— impacta directamente en la seguridad y en la capacidad de respuesta ante emergencias.
En diálogo con LT10, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropalo, explicó que la irregularidad no fue un error administrativo sino una maniobra para pagar menos adicionales policiales y advirtió que lo ocurrido «rompe la confianza» con los organizadores.
El lugar donde se desarrollaba la fiesta tenía capacidad estructural para una convocatoria mayor, pero el permiso tramitado fue para 500 personas. «El problema que se suscita es que los organizadores solicitaron el aforo de 500 personas para que la policía haga el cálculo correspondiente y otorgue los adicionales. Entendemos que fue adrede porque reduce la cantidad de efectivos y pagan menos», planteó.
Cuando los controles municipales ingresaron al predio, se encontraron con una realidad muy distinta a la declarada. «Organizaban para 500 personas y había 1.800. Es una situación absolutamente anómala porque desde ese momento ya no se puede brindar la seguridad que corresponde», remarcó el funcionario.
Menores y alcohol
A esa irregularidad se sumó otro dato que precipitó la suspensión: durante los controles se detectó la presencia de menores de edad y la venta de alcohol dentro del predio. «Había chicos menores de 16 años y, en el mismo evento, zonas donde se vendían bebidas alcohólicas, algo que está prohibido», describió.
El cuadro se completó con situaciones de violencia dentro del recinto, en un contexto sin el personal de seguridad necesario para contenerlas. «La combinación de tanta gente, poco personal adicional y alcohol estaba generando grescas internas. Tomamos una decisión preventiva para que no escalara», sostuvo Mastropalo.
Desconcentración y sanciones
Uno de los puntos críticos del operativo era la desconcentración de casi dos mil jóvenes en la zona de los puentes. Según el secretario, el procedimiento se ejecutó sin incidentes a través del Puente Colgante.
El funcionario insistió en que el conflicto no reside en la actividad nocturna, sino en el incumplimiento de las reglas. Las sanciones económicas quedarán en manos del Juzgado de Faltas, aunque el impacto podría ir más allá de la multa. «Si este comportamiento se mantiene, no se les van a habilitar más fiestas. La custodia más importante es la vida de los jóvenes y eso no se negocia», advirtió.
Finalmente, Mastropalo señaló que este tipo de acciones «rompen la confianza que se establece con el Ejecutivo». «Trabajamos con organizadores serios para potenciar la noche, pero pedir una fiesta para 500 y que ingresen casi 2.000 excede la buena voluntad», concluyó.