El debate por la reforma laboral atraviesa la agenda política y económica del país y tiene un impacto directo en Santa Fe, una provincia con fuerte presencia de pymes, un empleo industrial en retroceso y un crecimiento del trabajo informal y de plataformas. En ese escenario, la mirada de Juan Manuel Pusineri —abogado laboralista, docente y exministro de Trabajo provincial— aporta una lectura técnica y, a la vez, anclada en la realidad productiva local.
En diálogo con LT10, el especialista propuso separar el análisis en dos planos: el político y el jurídico. Partió de un dato estructural: «La forma de producir y de trabajar no solo varía constantemente, sino que ha tenido cambios profundos desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974». En ese recorrido, marcó el pasaje de un modelo dominado por grandes empresas a otro sostenido por pequeñas y microempresas y por el universo digital, donde «el empleador aparece difuso».
Ante esta transformación, consideró que la reforma repite una lógica conocida: bajar el estándar de protección con la expectativa de que eso genere empleo. «Se trata de una reforma cuya principal característica es reducir los derechos o la protección que actualmente tienen las personas que trabajan, bajo la idea de que esto va a generar mayor empleo», planteó, y manifestó su desacuerdo con dicha premisa.
El riesgo de la litigiosidad
Uno de los puntos más controvertidos, el cambio en las licencias por enfermedades inculpables, concentró buena parte del análisis. Recordó que hoy el sistema pone esa contingencia a cargo del empleador durante plazos que pueden llegar al año y que la modificación propuesta reduce ese tiempo. Además, suma el concepto de que el trabajador «genera su propio riesgo», lo que a su criterio abre un escenario de conflicto judicial: «Va a generar litigiosidad porque obligará a discutir si una enfermedad tiene relación con decisiones personales».
El eje jurídico también incluye la posible regresividad de derechos. Señaló que la Constitución de 1994 y los tratados internacionales establecen este principio y que allí habrá planteos judiciales. Sumó otros puntos sensibles, como el retorno de los tiques canasta con carácter no remunerativo, algo que —recordó— ya fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en distintos fallos.
En paralelo, cuestionó el argumento que atribuye la litigiosidad a supuestas «mafias». Con datos sobre la cantidad de juicios laborales, advirtió que tomar casos aislados para explicar el fenómeno es un razonamiento inválido y remarcó que el problema central reside en las relaciones no registradas.
Economía y microempresas
El vínculo entre legislación y empleo fue otro de los ejes. Desde su experiencia, sostuvo que la ley laboral no tiene capacidad para generar puestos de trabajo por sí misma. Citó como ejemplo el periodo 2004-2010, cuando con doble indemnización vigente «se crearon puestos de trabajo porque la economía funcionaba».
Finalmente, se detuvo en la microempresa, actor clave en Santa Fe. Ubicó el principal problema en los costos generales de funcionamiento más que en los laborales. «La microempresa es una gran generadora de trabajo y tiene, centralmente, un problema de costos», afirmó, y consideró que la reforma tiene un impacto apenas «lateral» sobre esa realidad.