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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, afirmó hoy que “el gobierno provincial quiere construir cuanto antes el centro de justicia penal de Santa Fe y por eso ya dispuso la partida en el presupuesto. No hay ninguna discriminación hacia la ciudad capital sino al contrario: somos los primeros interesados en que todos los lugares de la provincia tengan sus centros de justicia penal”.



“La decisión política para llevar adelante la reforma procesal penal se mantiene firme como el primer día: es un objetivo alcanzable y será debidamente logrado, superando dificultades y venciendo resistencias”, completó el ministro e indicó además que el Poder Ejecutivo espera la adecuación del proyecto y documentación complementaria –por parte de los arquitectos contratados por la Corte Suprema– para llamar a licitación.



En ese sentido, Superti mencionó que hoy, durante una reunión que se realizó en la ciudad de Santa Fe, los arquitectos que están readecuando el proyecto arquitectónico para construir el centro de justicia penal en el terreno que decidió la Corte Suprema –en octubre del año pasado– se comprometieron a enviar las modificaciones requeridas en el término de 10 días para finalizar con la reformulación del proyecto. Esto permitirá avanzar en la confección de la documentación licitatoria de la estructura de hormigón armado y el llamado a licitación para la construcción de la primera etapa del edificio.



DETALLE DE PROPUESTAS Y GESTIONES



El ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó que “la idea del gobierno provincial era poner en marcha simultáneamente el centro de justicia penal de Rosario y el de Santa Fe, pero en este último caso surgió una variante: la Corte Suprema planteó que prefería priorizar un antiguo proyecto suyo de realizar un edificio en un terreno ubicado detrás de los tribunales”.



“La Corte había expropiado el terreno y había hecho un concurso para construir este edificio, teniendo en cuenta un modelo de juicio escrito. Les planteamos que ese proyecto no se adecuaba a las exigencias del nuevo Código Procesal Penal, que no se basa en el expediente sino en las audiencias orales, lo cual debe estar contemplado desde el punto de vista arquitectónico”, continuó Superti.



“La idea del Ejecutivo era hacer una obra nueva en otro lado y que ese edificio se utilizara para otros fueros, pero ante las insistencias de la Corte, el gobernador decidió en septiembre de 2010 que el propio tribunal resolviera si lo hacíamos en otro lado o se adecuaba el proyecto. Y la Corte resolvió en octubre lo segundo”, recordó el ministro.



A partir de allí, la Corte Suprema firmó un convenio con el estudio que había ganado el concurso para adecuar el proyecto. “El 4 de febrero recibimos (en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) una solicitud de requerimientos para empezar a trabajar en las modificaciones. El 11 de febrero se le dio una primera respuesta con consideraciones generales. El 9 de marzo se hizo la primer reformulación del proyecto; el 11 de marzo nuestros arquitectos hacen un informe técnico ya más preciso que la Corte recibe el 18 de marzo. El 19 de abril la Corte nos pide que le mandemos al estudio los planos del centro de justicia penal de Rosario y algunos datos más, lo que nos hizo presumir que los arquitectos estaban trabajando en función de los requerimientos específicos que les habíamos pasado”, detalló Superti.



Sin embargo, el 26 de abril hubo una reunión en Rosario entre los arquitectos para trabajar sobre estas modificaciones específicas en concreto, “donde el estudio planteó que ellos habían entendido que con la primera reformulación del 9 de marzo bastaba, cosa que no es así. No se abrieron los planos ni se vieron las maquetas y la reunión terminó sin que se hubieran cumplido, para nosotros, los objetivos”.



El ministro de Justicia y Derechos Humanos rememoró que todo esto le fue comunicado a distintos actores relacionados con el quehacer judicial, entre ellos el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, el 27 de abril pasado en ocasión de realizarse en la Casa de Gobierno una reunión por otro tema (concursos de fiscales y defensores penales).



En esa línea, el 4 de mayo los arquitectos contratados por la Corte entregaron los planos con las modificaciones y esta mañana, en una reunión con técnicos del Ejecutivo, expresaron que en 10 días más completarán todos los requerimientos oportunamente formulados.



“Se dará entonces por terminada esta etapa de reformulación del proyecto, se harán las certificaciones correspondientes y se estará en condiciones de elaborar el pliego licitatorio y llamar a licitación”, concluyó el ministro.