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 A 21 años del atentado a la AMIA y en medio de un juicio oral que lo tiene como uno de los principales acusados del encuebrimiento de la voladura, el expresidente Carlos Menem sorprendió a propios y ajenos al ofrecer ante la Justicia información y documentos secretos que probarían la autoría y los motivos del ataque terrorista que dejó más de 85 muertos.

En lo que sonó más a una estrategia legal, la defensa del senador Menem pidió este jueves al Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF2) que el Senado lo releve del secreto de Estado en torno al ataque terrorista, pero advirtió que sus dichos "podrían afectar los intereses" de la Nación y "el rompimiento de la convivencia pacífica" con otros países.

Durante la audiencia, el abogado defensor del exmandatario, Omar Daer, pidió "medidas de seguridad" para que el expresidente también aporte documentación que obra en poder de distintos organismos de inteligencia.

En ausencia de Menem, quien iba a seguir la audiencia por videoconferencia pero que fracasó por cuestiones técnicas, los dichos de su abogado calentaron las preliminares del juicio, en el que el riojano está acusado por presunto encubrimiento. Menem debería sentarse en el banquillo de los acusados, pero el ex presidente, de 85 años, todavía no lo hizo. Tendrá derecho a no declarar y hacerlo recién cuando su defensa técnica lo considere conveniente, garantía que ampara a los otros 12 acusados en este juicio oral.

Daer dijo que una vez obtenidos esos requisitos Menem aportaría documentación e información "al tribunal en lo que necesite para el esclarecimiento del atentado", pero sentenció que se trata de "razones de Estado" que el Congreso y la Justicia deberán evaluar si se hacen públicas. "Se trata de razones de Estado que pueden afectar al Gobierno actual y a los intereses de la Nación y la ciudadanía, en cuanto a los que Menem pudiera declarar si logramos que se lo releve del secreto de Estado", indicó el letratado ante la sorpresa de los presentes.

Sin embargo advirtió que lo que Menem podría aportar en su defensa "puede generar el rompimiento de la convivencia pacífica y los intereses de la Nación".

El abogado añadió que tras los atentados "contra la Embajada de Israel de 1992 y dos años después contra la Amia, y siendo él presidente, requirió la participación de organismos internacionales de inteligencia tales como "el EG, el M16, la Cia y el Mosad" entre otros.

Menem deberá responder al reclamo de la fiscalía y seis querellas por su orden de cesar la pesquisa sobre la llamada "pista siria", que involucraba al empresario Alberto Kanoore Edul (hijo), cuyos contactos con el agregado cultural iraní Moshen Rabbani, lo colocaban en el centro de la investigación.

Según el requerimiento de elevación a juicio del fallecido fiscal Alberto Nisman, el entonces presidente dio esa directiva luego de que el padre homónimo de Alberto Kanoore Edul se entrevistara el 1 de agosto de 1994 en Casa de Gobierno con su hermano Munir Menem (fallecido), y le pidiera el fin de la pesquisa sobre su hijo.

Para los familiares de las víctimas reunidas en Apemia, esa pista basada en escuchas y otros indicios fehacientes "acercaba la investigación al círculo íntimo presidencial", y constituía "un escándalo que ponía en riesgo la propia continuidad del gobierno".

Este jueves, Menem también pidió la nulidad de esa acusación.

• Hablaron las defensas

La audiencia se desarrolló en los tribunales federales de Retiro y trras finalizar la lectura de los requerimientos de elevación a juicio el jueves último, los jueces comenzaron a escuchar los planteos de las partes, sobre los cuales tendrán que resolver. La causa que investiga estos hechos comenzó en el año 2000, cuando Claudio Lifschitz, un ex prosecretario en el juzgado federal N° 9 -encabezado entonces por Juan José Galeano- contó a los medios que el juez y el gobierno de Menem habían convenido "plantar" la pista que conducía a un grupo de policías bonaerenses como autores del atentado.

En este juicio el Tribunal busca determinar cómo y a través de qué medios Galeano siguió la instrucción presidencial, y con qué colaboradores contó. Por ello, están acusados el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy; su segundo, Juan Carlos Anchezar; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; los ex fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia y los policías Carlos Castañeda y Jorge "Fino" Palacios.

"El requerimiento tiene que tener suficiencia y bastarse a sí mismo", sostuvo la defensa del ex juez Galeano, quien es juzgado por encubrimiento, peculado, prevaricato, entre otros delitos. Los defensores del ex juez cuestionaron la validez de los requerimientos acusatorios de los querellantes y de la fiscalía de instrucción a cargo de Patricio Evers.

Galeano está acusado de cesar las escuchas que él mismo había ordenado, perder y desechar pruebas y pagarle u$s 400.000 al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a cuatro policías bonaerenses.

las defensas Castañeda y Anchezar pidieron la lectura completa de las acusaciones de las asociaciones de familiares 18J y Apemia porque consideraron que las síntesis que leyeron ante el tribunal no cumplen con las pautas procesales.

La defensa de Jorge "Fino" Palacios hizo referencia a la incorporación de nuevos testimonios en relación a la acusación que pesa sobre él. Como Castañeda, el ex jefe policial está acusado de alertar sobre allanamientos y de desaparecer pruebas que llevaban a un comerciante sirio libanés cercano a Menem, Alberto Kanoore Edul. Una trama que los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri como cuarto juez, buscaran desandar durante el debate.