Lt 10

Condenaron a Bernabé Mautino a siete años de prisión por evasión tributaria. Además, absolvieron por falta de pruebas a Julio César Gerez, acusado de partícipe secundario y condenaron a tres años a Jorge Romano como partícipe primario y a tres y medio de prisión a César Galiano y Lidia Merlo.

Bernabé Mautino, propietario de distintas firmas dedicadas a la construcción, estaba acusado de evasión millonaria al fisco (simple y agravada) en forma reiterada, en una causa que lleva casi 17 años de investigaciones.

El fiscal de la causa, Martín Suárez Faisal, por LT10 señaló que si bien los imputados eran cinco, “quien estaba sindicado como autor era Benané Mautino que recibió la mayor pena. De los demás, algunos eran partícipes principales y secundarios”.

En ese sentido, explicó que estos últimos “fueron titulares de propiedades o de bienes y lo que se intentaba con esas maniobras era disimular las maniobras de la real situación tributaria que era que el dueño de todas las empresas era Mautino”.

La causa

La denuncia fue realizada en 1998 por la Jefatura Regional de la AFIP, a raíz de irregularidades registradas en la actividad de la firma Rafaela Construcciones y recayó en el juzgado federal Nº1, por entonces a cargo del destituido Vìctor Hermes Brusa.

Según informaron fuentes judiciales, se investigó a Mautino por la utilización de los llamados “prestanombres” para evadir el pago de tributos, ocultando los frutos económicos de su actividad y demostrando con ello la intención de disimular su real situación frente al fisco.
Se autorizaron escuchas telefónicas de cuyo análisis surgió incluso una compleja trama entre personas físicas y empresas, como así también operaciones con Bancos y otras empresas que compraban facturas apócrifas, conformando una enorme red de operaciones sin justificación.

En el caso particular de Bernané Mautino, se lo acusa de ser el sujeto responsable de todas las decisiones empresariales y a quien acudían siempre tanto sus empleados como sus proveedores para la toma de cualquier decisión o en su ausencia recurrían a César Galiani.

Una maniobra muy llamativa, es la expuesta por la AFIP y la fiscalía, donde una de las imputadas, Lidia Merlo, se convierte en titular de la empresa Rafaela Construcciones, continuadora de la quebrada Rafaela Materiales prestando su nombre y simulando frente al fisco una situación no compatible con su realidad economica. Para justificar patrimonialmente la titularidad de la sociedad por parte de Merlo (que era un sujeto insolvente por sus ingresos) Mautino pidió un préstamo de 1.100.000 dólares, prestándole a su vez a la imputada 750.000 dólares, simulando un mutuo acuerdo. Así, se produjo la transferencia de bienes de uso y materiales de la construcción, operación por la cual Rafaela Materiales S.A., extendió facturas de ventas.

Tal como se investigó, la nueva empresa no sólo utilizó los créditos fiscales ficticios sino que computó el crédito fiscal generado por el alquiler de máquinas a la firma Equivial S.R.L.
También usufructuó el crédito fiscal resultante de las compras realizadas a una empresa inexistente denominada El Lucero S.R.L. y no inscripta ante la AFIP-DGI.

Utilización sucesiva de sociedades para defraudar, ventas de facturas falsas, créditos fiscales truchos y operaciones inexistentes son algunas de los elementos que componen este juicio y que se escucharán en las audiencias que se realizarán desde esta mañana.

Mautino y el caso Muriel

Bernabé Mautino fue uno de los empresarios de la construcción detenido por el mayor caso de corrupción que debió afrontar la municipalidad de Rafaela, que terminó con la intervención de la misma por parte del gobierno provincial, la renuncia del por entonces intendente Rodolfo Bienvenido Muriel y de casi la mitad del Consejo Deliberante.

El hecho se produjo a comienzo de los `90 y se convirtió en un verdadero escándalo de corrupción al dejar al descubierto una maniobra relacionada con la instalación de caños cloacales conocida como “caños truchos”.

Se inició una causa judicial por fraude en perjuicio de la administración pública, que sufrió la sucesiva excusación de los jueces designados, hasta que prescribe en el año 2005, tras aprobarse modificaciones al Código Penal, que hicieron caer varias causas emblemáticas en Santa Fe.