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El gobierno de Cristina Kirchner analiza el nombre de la decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, como posible candidata a reemplazar a Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema, aunque en las últimas horas se instaló un fuerte escepticismo acerca de poder lograr los dos tercios de los votos en el Senado para obtener un acuerdo.

"El único nombre que se baraja es el de Pinto, pero es prematuro", comentaron fuentes del kirchnerismo duro.

Pero un alto funcionario aseguró: "Esto no tiene solución: la Corte quedará con cuatro miembros hasta el próximo gobierno. No tenemos los dos tercios de los votos y si no hay acuerdo con el radicalismo, el acuerdo no sale".

La discusión comenzó cuando Zaffaroni anunció hace dos semanas su renuncia al cuerpo desde el 31 de diciembre próximo. Cristina Kirchner la aceptó hace diez días mediante un decreto.

Por su parte, el presidente del comité nacional de la UCR, Ernesto Sanz, dijo ayer a LA NACION que "el radicalismo no dará los dos tercios en el Senado para votar a ningún postulante propuesto" por Cristina Kirchner y que esperará "al próximo gobierno". En caso de trabarse la designación, la Corte Suprema quedaría con sólo cuatro miembros hasta el próximo turno presidencial: Ricardo Lorenzetti, su presidente; Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

El nombre de Mónica Pinto, especialista en derechos humanos, comenzó a circular en el kirchnerismo porque tiene prestigio profesional, es mujer y su origen radical la podría hacer aceptable para los senadores de la UCR, aunque éstos desconfiarían de ella si la propusiera el Gobierno. En la Casa Rosada aseguran que últimamente la Facultad de Derecho, bajo la gestión de Pinto, tomó distancia de las posturas del oficialismo.

De todos modos, en Olivos comenzaron a presentir que no darán los tiempos para nombrar a un reemplazante de Zaffaroni. Falta sólo un mes y medio para la feria de enero próximo; febrero suele ser un mes inactivo y en marzo comenzará la campaña para las elecciones presidenciales de 2015.

Además, el mecanismo de preselección de jueces de la Corte previsto en el decreto 222/2003, de impugnaciones, suele extender el plazo unos tres meses. "Ya casi estamos en las elecciones y será muy difícil. Eso no tiene arreglo", señaló ayer una alta fuente oficial.

Por otra parte, dentro del Gobierno muchos aseguran que el verdadero interés de Cristina Kirchner es poder nombrar los cuatro jueces que cubrirán las vacantes que existen en la Cámara de Casación Penal, el tribunal de alzada para los casos de corrupción pública, que puede garantizar cobertura en casos resonantes, y el más importante después de la Corte.

Esos cargos se cubren mediante concursos dentro del Consejo de la Magistratura, donde el peronismo no tiene la mayoría, por lo cual debería negociar con la UCR. Sanz descartó un acuerdo y dijo que el radicalismo "es el mismo en el Consejo y en el Senado". Pero en la Cámara de Casación temen que en esos concursos el PJ imponga a los postulantes que impulsó.

El Gobierno pretende irse del poder en 2015 dejando muchos cargos judiciales en manos de funcionarios afines. Ello también se aplica a los fiscales de la Procuración General de la Nación, que dirige Alejandra Gils Carbó.

En el Gobierno observan con fuerte interés las dos vacantes de la Sala I, un lugar libre en la Sala III y otro más en la IV. Los concursos tienen distintas etapas y las ternas podrían estar definidas después del verano para que la Presidenta elija a sus camaristas, aunque muchos temen que la campaña electoral condicione esa elección.

En la Sala I, Ana María Ledesma responde al oficialismo. José María Cabral y Juan Carlos Geminiani son independientes. En la Sala II, Ángela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar son kirchneristas; en la III, Eduardo Riggi y Liliana Cattucci son independientes, pero subroga Ana María Ledesma. En la IV, Gustavo Hornos, Geminiani y Riggi son independientes.