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Ante las fuertes críticas que, incluso dentro del kirchnerismo, recibió el proyecto para limitar las medidas cautelares contra el Estado, el Gobierno anunció ayer que aceptaría al menos tres cambios al texto mañana, cuando sea debatido en el recinto del Senado. Dos modificaciones para ampliar las excepciones a esa regulación y excluir de la ley a las cuestiones relacionadas con la ‘vida digna’ y los conflictos laborales en servicios esenciales; y otra para advertirle al juez que otorgue una cautelar contra el Estado que debe tener celeridad para decidir sobre la cuestión de fondo.

Los cambios fueron propuestos ante las comisiones de Justicia y Legislación General por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, luego de escuchar los cuestionamientos a la iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky, con quien además mantuvo ásperos cruces (de lo que se informa aparte). El principal desacuerdo giró en torno del concepto ‘vida digna’ y llegó a tal punto que el periodista expresó: “Esperamos que no tenga éxito en el Senado la propuesta que él acaba de hacer”, en referencia al funcionario y miembro destacado de La Cámpora.

Según el último documento del CELS sobre el proyecto, “lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales” y no limitar las medidas que “pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales”. Por eso, Verbitsky propuso ampliar el artículo 2 (que hasta ayer fijaba como excepciones de la ley solo a las cuestiones relativas a la vida o la salud de una persona, y al medio ambiente) para sumar las condiciones de vida adecuadas y los grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.
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Estoy convencido de esto que no afecta la intención de la reforma, sino que la pone a salvo. Como sabemos que hay muchos intereses que se oponen, queremos blindar a la reforma judicial”, enfatizó el periodista en alusión a previsibles presentaciones judiciales reclamando la inconstitucionalidad del texto una vez que se convierta en ley. Álvarez lo rechazó de plano. A cambio ofreció englobar todas esas cuestiones en el concepto ‘vida digna’. “Les propongo que el proyecto incluya directamente el derecho a la vida digna para que no haya más dudas. Se encuentra implícita la protección de los derechos fundamentales”, zanjó.

Otro artículo que recibiría cambios es el 5, donde el Gobierno pidió incluir un párrafo “que diga expresamente que el otorgamiento de una medida cautelar contra el Estado impone al juez el deber de procurar una mayor celeridad en pos de la decisión jurisdiccional definitiva” explicó Álvarez. “Tenemos que terminar con una Justicia cautelar que no protege los intereses de los ciudadanos”, agregó en implícita referencia al pleito judicial con el Grupo Clarín por el artículo 161 de la Ley de Medios.

Además, el secretario para cuestionar al periodista de La Nación Adrián Ventura (al que, confundido, ubicó en el diario Clarín) y al titular del gremio judicial, Julio Piumato, aliado del ahora opositor Hugo Moyano. “Algún descolgado ha dicho que se cercenan las libertades sindicales”, resopló en referencia al gremialista.

En ese marco, anunció que el Ejecutivo avalará la ampliación del artículo 17 que establece que, ante conflictos que impidan el funcionamiento de servicios públicos, el Estado podrá pedir todo tipo de medidas cautelares. Según la nueva redacción, cuando esos hechos se enmarquen dentro de un conflicto laboral, el Estado solo podrá pedir una cautelar si se trata de un servicio esencial y no hubo preaviso de la medida de fuerza.

La Asociación de Abogados Laboralistas, que también participó ayer del debate junto a la Asociación de Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia (FORES), recomendó directamente eliminar ese artículo.