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Como si se tratara de un reclamo tributario más, ingresado por la mesa general de entradas de Tribunales y con un apoderado fiscal designado por sorteo, el gobierno bonaerense demandó ayer a la familia Ciccone. Le reclamó más de $ 35,1 millones en impuestos atrasados, cifra que se triplicaría al computar los intereses acumulados durante 15 años.

La demanda, impulsada por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 3 de La Plata, confirmaron funcionarios bonaerenses a LA NACION. Y ocurrió justo cuando la nueva Ciccone Calcográfica, liderada por Alejandro Vandenbroele -el abogado señalado por su esposa como "testaferro" del vicepresidente Amado Boudou-, se apresta a imprimir desde esta semana hasta $ 50.000 millones.

La orden de llevar a juicio a la familia Ciccone quedó así enmarcada por la puja que protagonizan la Casa Rosada y el gobernador Daniel Scioli, al que desde La Cámpora buscaron acorralar con un pedido de informes sobre las actividades en la provincia de Boldt SA, la firma rival de la nueva Ciccone.

El flamante juicio de apremio apuntó directo contra los fundadores y máximos responsables de Ciccone ; es decir, los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone, a los que se sumaron como codemandados Silvia Ciccone, el yerno Pablo Amato y Francisco José Lago. "Se apuntó contra los Ciccone de manera personal dada la situación de la empresa y por razones de «solidaridad fiscal», ya que como máximos directivos de la firma ellos aparecen como responsables solidarios", indicó una fuente consultada a LA NACION.

Cerca de la familia Ciccone ofrecen otra visión. "Nos reclamaron y nos siguen reclamando todas las deudas, para apretarnos, pero no nos reconocen ninguna de nuestras acreencias", indicó un colaborador de los fundadores de la imprenta a LA NACION. Entre otras, lo que dicen que aún les deben la provincia de Buenos Aires por la emisión de los patacones y la Policía Federal por los documentos de identidad y los pasaportes, por $ 41 millones.

Dos de los cuatro demandados, además, aún figuran como accionistas en la nueva Ciccone -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana SA-, según afirmó quien se presentó como su nuevo máximo controlante, Guillermo Reinwick, en la solicitada que publicó el 29 de febrero pasado.

Yerno de Nicolás Ciccone -con quien sin embargo mantiene una pésima relación-, Reinwick afirmó en esa solicitada que el 70% de la nueva empresa quedó bajo el control de la misteriosa sociedad The Old Fund. Y que el 30% restante se repartió entre Nicolás (15%), Silvia (7%) y Graciela Ciccone (7,5%).

Por debajo de ellos, y en el rol de presidente y máximo ejecutivo de la imprenta gráfica, aparece Vandenbroele, acompañado como su número dos por el ex gerente administrativo del Banco Macro Máximo Lanusse. Ambos son, en la práctica cotidiana, quienes llevan las riendas de la empresa, según los relatos de abogados, empresarios, escribanos, gremialistas y operarios.

De este modo, ARBA sumó un nuevo desafío para la ex Ciccone, que tras el estallido del escándalo afrontó un incremento sustancial en el monto de las cuotas de la moratoria excepcional que le concedió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que hasta entonces, y por un supuesto "error", se habían omitido los intereses.

El juez en lo Comercial que ordenó el levantamiento de la quiebra, Javier Cosentino, sumó otra complicación a la nueva Ciccone. Desde hace dos semanas procura determinar cuál es la situación patrimonial, financiera y societaria de la empresa, que se niega a proveerle esos datos y pide que sean resguardados bajo el marco del "secreto fiscal" y bancario.

Sin embargo, el juez Cosentino buscó ir más allá. También pretende determinar con qué fondos afronta los pagos de esa moratoria otorgada por la AFIP y los salarios y aportes de sus trabajadores, entre otros costos fijos que superan los 3,5 millones de pesos por mes.

En La Plata, en tanto, el monto global del juicio de apremio contra los Ciccone entablado por la Fiscalía de Estado a pedido de ARBA queda por determinarse en sede judicial, según reconstruyó LA NACION.

Sólo en concepto de "capital" por el impuesto a los ingresos brutos trepó a $ 35,1 millones, cifra a la que deben adicionarse los intereses, calculados según la tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires por operaciones de descuento a 30 días. Según qué período abarque de los últimos quince años podría elevar el reclamo fiscal a entre 100 y 150 millones, estimaron por separado un abogado y un contador.

El juicio de apremio quedó registrado, por lo pronto, con el código "LP 17.707/2012" en la Receptoría General de Expedientes de los Tribunales. Sin embargo, el número definitivo sólo se conocerá dentro de un par de días, cuando quede registrado de manera formal en el juzgado a cargo de Francisco José Terrier.

El reclamo judicial del fisco bonaerense implicó, en rigor, un nuevo paso en una dilatada puja con la imprenta gráfica, que abarca los títulos ejecutivos 546.704, 546.712, 54.716 y 546.708, dentro del paquete de cuatro expedientes administrativos englobados bajo el código general 2306-0353153/97.

Mientras que hoy se sustanciará la audiencia que definirá si el fiscal federal Carlos Rívolo continúa o es apartado de la investigación penal en el "caso Boudou", los desafíos tributarios para Reinwick y Vandenbroele tampoco se acotan sólo a la provincia de Buenos Aires. Según reconstruyó LA NACION, también el Tribunal Fiscal de la Nación, como órgano de apelación de la AFIP, dirime pretensiones fiscales por otros $ 28 millones contra la empresa.