El debate por el presupuesto de las instituciones de educación superior volvió al centro de la escena tras el envío al Congreso de un nuevo proyecto de financiamiento por parte del Gobierno nacional. En este contexto, la postura de la Federación Universitaria Argentina (FUA) cobra especial relevancia en Santa Fe, donde el sistema universitario —con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) como actor central— tiene un impacto directo en la economía local, el empleo y el acceso a la educación.
En diálogo con LT10, el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, planteó que el eje del conflicto no es la sanción de una nueva norma, sino el cumplimiento de la que ya fue aprobada por el Congreso. Según remarcó, la situación salarial y presupuestaria afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y profundiza la tensión con el Poder Ejecutivo.
El recorrido legislativo
“La posición es clara no por nuestra militancia política, sino porque los hechos están a la vista. Es un intento más del Gobierno por reversionar su visión sobre el conflicto universitario”, afirmó Carvalho. Al mismo tiempo, recordó el complejo camino de la iniciativa: “Intentamos en el 2024, el presidente la vetó; en 2025 logramos aprobarla en ambas cámaras y luego sostuvimos el veto con dos tercios”.
Desde la conducción estudiantil sostienen que el envío de un nuevo proyecto implica retroceder en los consensos ya alcanzados. En ese sentido, el dirigente marcó que “todo ese trabajo se tira por la borda en medio de una medida judicial que obliga al Estado a cumplir la ley”.
Deterioro del sistema
El referente de la FUA describió el escenario actual con datos concretos: “La pérdida con respecto al salario de los docentes y los no docentes es muy grande; las becas están congeladas en 35 000 y 85 000 pesos, y el deterioro del funcionamiento es evidente”. Para la federación, modificar la norma vigente no resuelve el problema y “repercute negativamente en las universidades”.
La discusión también mantiene un frente judicial abierto. Sobre este punto, indicó que el proceso continúa luego de la recusación del juez que había intervenido en la cautelar, aunque relativizó el aspecto técnico: “Más allá de los tecnicismos, el hecho concreto es que el Gobierno reconoce que hay un problema e intenta modificar la ley para atenuar un conflicto que ya lo excede”.
El reclamo por salarios
Uno de los puntos más sensibles es la recomposición de los haberes. Carvalho remarcó que la herramienta fundamental es la convocatoria a paritarias: “Le corresponde al Gobierno llamar a discutir el salario docente y no docente”. Asimismo, advirtió que el nuevo esquema propuesto diluye el mecanismo de recuperación previsto en la ley aprobada: “Ese mecanismo que establecía la recuperación de alrededor del 40 % termina en aumentos exiguos”.
La FUA insiste en que la normativa vigente ya fija obligaciones concretas para el Estado: financiamiento para las universidades, actualización de becas y negociación salarial. “Presentamos esta ley que básicamente obliga al Ejecutivo a cumplir con lo ya establecido: paritarias, fondos y becas”, subrayó.