El conflicto policial que mantuvo en vilo a la provincia durante 72 horas quedó formalmente desactivado. Tras el acuerdo, el Gobierno provincial detalló cómo estará estructurado el nuevo esquema salarial y de condiciones laborales para las fuerzas de seguridad. En un contexto donde la seguridad es el eje central de la gestión, la palabra oficial buscó llevar claridad tanto hacia adentro de la fuerza como hacia la sociedad.
En una entrevista con LT10, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, desgranó los puntos acordados y dejó en claro que la discusión no se agota en lo salarial. “Lo primordial son los pronunciamientos realizados por el gobernador y, previamente, por el ministro Cococcioni”, sostuvo al referirse a las medidas anunciadas.
Masneri explicó que el nuevo esquema se organiza en tres instancias. La primera es un piso garantizado que equipara el sueldo mínimo de bolsillo a la canasta básica informada por el Indec. “Ningún miembro de la fuerza de seguridad, cualquiera sea el escalafón al que pertenezca dentro del Servicio Penitenciario y de la Policía, tendrá un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, afirmó.
Ese mínimo alcanza a todos los escalafones, incluidos bomberos, personal del 911 y técnicos. A partir de allí se suman suplementos diferenciados. Uno de ellos está destinado a choferes cuya función sea inherente al patrullaje. “Para poder tener un patrullaje en la ciudad necesitamos personas cuya función sea explícitamente esta y asignar la responsabilidad que implica ser el chofer de un patrullero”, detalló la funcionaria.
La tercera instancia consiste en un plus dividido en tres niveles, según la conflictividad y el riesgo operativo. Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé integran el nivel más alto. “Priorizamos las ciudades grandes que tienen una violencia altamente lesiva de público conocimiento”, señaló al explicar que se busca jerarquizar la carrera y reconocer mayores responsabilidades.
La funcionaria también respondió a las dudas de los agentes que cumplen tareas administrativas y marcó una diferencia clara entre las funciones operativas y las que no lo son: “No podemos equiparar una función administrativa a una función en la calle”. Sin embargo, subrayó que el nuevo mínimo garantizado alcanza a todos y dejó una definición política para la fuerza: “Ningún trabajo de un agente policial o penitenciario es invisible. Hay tareas con diferentes riesgos y responsabilidades, pero invisibles, ninguna”.
Más allá de lo salarial, la entrevista abordó otros ejes sensibles que quedaron expuestos durante la protesta, como la salud mental y las condiciones de alojamiento. Masneri confirmó que se ampliarán los programas de contención y que se avanzará en un esquema similar al que rige para las fuerzas federales, con la posibilidad de alojamiento en hoteles durante los períodos de servicio. “El compromiso es dar a conocer los programas vigentes y ampliar aquellos para que todos puedan sentirse contenidos”, planteó.
También reconoció un problema estructural: “La extraña distribución geográfica que tiene la provincia de Santa Fe respecto de los agentes de las fuerzas nos dice que debe mejorarse y trabajarse”. Y agregó que la mejora del bienestar es un proceso permanente: “Entendemos que es un avance, pero es algo en lo que siempre se debe seguir trabajando”.
Consultada sobre el origen del conflicto, Masneri habló de “malentendidos o desinformación intencional” y aseguró que el respaldo del Gobierno a la fuerza “es una prioridad”. En cuanto a los policías que habían sido puestos en disponibilidad, confirmó que comenzaron las reincorporaciones y aclaró que, en los casos donde haya causas judiciales abiertas, esto no implica una “mancha permanente”, sino que se trata de procesos administrativos mientras duren las actuaciones.