La inseguridad rural volvió a instalarse con fuerza en la agenda del interior productivo de Santa Fe. El abigeato, los robos, el vandalismo y la faena clandestina se repiten en zonas cercanas a pueblos y ciudades, muchas veces sin denuncias formales y con una respuesta judicial que los productores consideran insuficiente.
En este contexto, Diego Alonso, secretario de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (Carsfe), analizó el problema en una entrevista con LT10 y explicó el alcance del nuevo sistema nacional de denuncias virtuales y anónimas habilitado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una herramienta que busca transformar cada hecho delictivo en información concreta para el reclamo institucional.
Alonso explicó que la iniciativa surgió tras una reunión de la CRA realizada a mediados de enero, de la que participó Martín Culato, director nacional de Operativos y Despliegue Territorial del área de Seguridad Productiva. Según relató, el objetivo fue generar un canal que permita «tener mayor información para coordinar acciones con las provincias, que son las responsables de la seguridad en su propio territorio».
El sistema, disponible en la página oficial de la CRA, permite denunciar hechos ocurridos en cualquier predio rural. «Si hubo vandalización, matanza de animales, robo de granos o roturas, lo que sea que constituya un delito, está ahí para denunciarlo», explicó. No obstante, remarcó que la denuncia formal sigue siendo clave: «La denuncia verdadera tiene que estar hecha en los canales locales, en la policía de la provincia, por más que sea en el ámbito rural».
En este sentido, detalló situaciones habituales en el centro-norte santafesino. «Si estoy cerca de Videla y encuentro animales muertos o faenados, y no puedo llegar hasta San Justo donde está la Guardia Rural, puedo hacer la denuncia en la policía local y desde ahí se informa directamente», señaló. También insistió en la importancia de llamar al 911 ante hechos en flagrancia o presencia de extraños dentro de los campos.
Para Alonso, el límite es claro: «El campo es un patio un poquito más grande de nuestra casa, es propiedad privada y no tiene que haber nadie adentro». En este marco, subrayó que no está permitida la caza, el ingreso de personas ajenas ni el uso de galgos dentro de establecimientos rurales.
Durante la entrevista, el dirigente enumeró los delitos más frecuentes que se registran en Santa Fe. El abigeato encabeza la lista y suele darse en zonas cercanas a localidades. «Generalmente ocurre cerca de los pueblos, matan uno o dos animales y se llevan la carne que pueden», describió, al mencionar casos registrados en las inmediaciones de Humboldt y su relación con hechos recientes ocurridos en Coronda.
A este delito se suman robos de maquinaria y herramientas. «Dejás un tractor en un campo alquilado, volvés al otro día y no tiene más la batería o los cilindros hidráulicos», relató. También mencionó galpones violentados en campos donde ya no vive gente de forma permanente, con sustracción de semillas, agroquímicos, fertilizantes, motosierras y herramientas de mano.
Alonso advirtió además sobre el riesgo sanitario que implica la faena clandestina. «Esa carne se procesa en condiciones muy lejos de ser las ideales; por lo menos tiene que hacerte ruido», expresó, al señalar que muchas veces termina en circuitos informales de comercialización.
El dirigente recordó que la provincia cuenta con un sistema de registro de delitos rurales que permite tipificar y georreferenciar los hechos. «Se pueden detectar zonas calientes, lugares donde hay más abigeato u otros delitos, incluso bandas que roban agroquímicos, baterías o ruedas de tractores y camiones», explicó. Sin embargo, cuestionó que los productores no tengan acceso a esos datos: «La provincia los tiene, pero nosotros no».
En este punto, repasó el trabajo de la Mesa de Abordaje Integral del Delito Rural creada en 2018, donde participaban las entidades rurales y el Ministerio de Seguridad. Allí se lograron avances concretos, como la capacitación de fiscales y la creación de destacamentos de la Guardia Rural en puntos estratégicos. «El destacamento de La Pelada y el de Salto se crearon a partir de esa comisión», recordó, al igual que experiencias en zonas del centro-oeste provincial.
Según Alonso, esa mesa dejó de reunirse en 2024 y desde entonces «los productores nos quedamos sin un interlocutor en seguridad». A esto se suma la falta de recursos para la Guardia Rural Los Pumas, a la que definió como «la fuerza rural más antigua de Sudamérica» y especializada tanto en la denuncia como en la investigación. «Tienen preparación y experiencia, pero muchas veces hay un solo móvil por destacamento», advirtió.
Consultado sobre la respuesta judicial, fue contundente. «Si alguien roba un ternero, viene la policía, lo lleva y al otro día está de nuevo en su casa, el mensaje es muy malo», sostuvo. Como ejemplo, mencionó que en un año con alrededor de mil denuncias por delitos rurales, «hubo apenas diez condenas».
Alonso alertó que la inseguridad rural no es un fenómeno aislado y atraviesa corredores productivos y localidades como Esperanza, Lehmann, Gessler y zonas rurales cercanas a pueblos del centro de la provincia. «La gente sale de la ciudad, va por la costa de los arroyos, mata un ternero y se lo lleva», describió, al remarcar que se trata de un problema de seguridad integral.
Sobre el cierre, insistió en la necesidad de jerarquizar y fortalecer a la Guardia Rural, dotarla de móviles, recursos y respaldo político, y reactivar ámbitos de coordinación institucional. «Esto destruye la vida social del campo y hace que la gente no quiera vivir más ahí», advirtió, y dejó una definición final: «Si no se aborda ahora, el año que viene va a ser peor».