El senador Felipe Michlig, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidente provisional del Senado, analizó el escenario institucional de Santa Fe para este 2026. En una charla con LT10, Michlig destacó que la provincia inicia una etapa histórica marcada por la reciente reforma constitucional, que obligará a una renovación total de la dirigencia política debido a la limitación de mandatos.
"Como máximo, en el 2035 habrá un recambio total. Esto nos obliga a fortalecer los partidos políticos y las escuelas de formación para que nuevos cuadros asuman las responsabilidades que otros dejarán tras ocho años de gestión", señaló.
En cuanto a la agenda legislativa inmediata, el senador confirmó que la prioridad para el inicio de sesiones en febrero será la Ley Orgánica de Municipios. Esta norma es fundamental para operativizar el cambio constitucional que establece mandatos de cuatro años para todas las categorías locales a partir de 2027, eliminando las elecciones intermedias cada dos años.
Michlig subrayó que esto no solo reducirá el costo de la política, sino que permitirá a los intendentes y presidentes comunales planificar gestiones de largo plazo sin la presión de una campaña electoral constante. Además, adelantó la intención de trabajar en un Código Electoral unificado que termine con la dispersión de leyes actuales y brinde reglas claras para todas las fuerzas políticas.
Respecto a la renovación de la Corte Suprema de Justicia, Michlig se mostró optimista sobre la aprobación de los pliegos de Diego Maciel, Aldo Alurralde y Angelina Genghini. El senador valoró que el gobernador Maximiliano Pullaro haya propuesto nombres con trayectoria académica y judicial que garantizan la representación de las distintas zonas geográficas de la provincia.
Asimismo, destacó que la nueva composición de la Corte pasará de tener una sola mujer a dos, lo cual representa un avance significativo en la equidad de género dentro de la conducción del Poder Judicial santafesino.
Finalmente, el referente radical expresó su preocupación por la paralización de obras nacionales críticas para el norte provincial. Denunció que el Gobierno Nacional mantiene frenado el Acueducto San Javier, una obra vital para que los departamentos San Javier, San Justo, San Cristóbal y 9 de Julio dejen de consumir agua con arsénico.
En la misma línea, lamentó la falta de autorización administrativa para ejecutar la rotonda de Arrufó en el cruce de las rutas 34 y 39; según explicó, la provincia tiene los fondos y las máquinas listas para iniciar los trabajos en ese punto crítico de accidentes fatales, pero la desidia nacional impide el comienzo de la obra.