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Después de haber conseguido que el Gobierno cediera a su reclamo y anunciara una suba del 20% en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, Hugo Moyano y el resto de la conducción de la CGT decidieron ir por más. Para esta semana, tal el compromiso asumido el viernes por la presidenta Cristina Fernández en el encuentro en la Casa Rosada, la cúpula cegetista tiene prevista una reunión con el ministro de Salud, Juan Manzur, en la que apuesta a obtener alguna definición sobre su pedido por el reparto de unos $ 9.000 millones que el Estado adeuda a las obras sociales sindicales.

A principios de año el Gobierno había acordado con los gremios distribuir este año entre las obras sociales un total de $ 1.000 millones depositados en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
El reparto se concretaría en cuatro cuotas: la primera de $ 250 millones se distribuyó en febrero pasado y estaba definido que las tres restantes se ejecutarían en abril, julio y septiembre. Pero tras crisis generada en la relación con el Ejecutivo en últimas semanas, Moyano decidió redoblar la presión por esos fondos y amenazó con demandar al Gobierno en la Justicia para que se acelera su distribución entre las prestadoras médicas sindicales. “Sin los recursos que son de las obras sociales, es sistema quiebra en un año”, fue el alerta lanzado por la central sindical.

La advertencia fue repetida el viernes por Moyano y los gremialistas que lo acompañaron a la reunión con Cristina. Allí la mandataria les prometió para esta semana un encuentro con Manzur y las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, que encabeza Ricardo Bellagio, para evaluar posibles soluciones a los problemas financieros que afirman enfrentar las obras sociales.

Hasta anoche no estaba definida la fecha de la reunión, pero en los gremios calculaban que se concretaría entre miércoles y jueves. Dentro de la central obrera también se mostraban expectantes con la posibilidad de lograr un aumento del monto de distribución comprometido por el Ejecutivo para 2011. En esa línea, algunos referentes sindicales deslizaron la pretensión de que se duplique el monto de las cuotas que el Ejecutivo se comprometió a repartir en lo que resta este año. Otros, más escépticos, admitieron que no será sencillo lograr que se autorice un aumento en el reparto. "Si tardamos años en que liberen una parte de lo acumulado, no va a ser fácil que ahora amplíen la distribución", admitió un dirigente.

En paralelo, la conducción de la central obrera también prevé reclamarle a Manzur por las demoras en el cobro de los reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE) por la cobertura de tratamientos de alta complejidad. Según denuncian los gremios, en la mayoría de los casos los reintegros se pagan con retrasos de hasta un año, lo que -afirman- pone en jaque el equilibrio financiero de las obras sociales. Ante esa situación, en la CGT comenzaron a trabajar en un proyecto para reformular el funcionamiento de la APE que acelere el pago de reintegros y establezca un sistema de control sobre el destino de esos fondos.