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La decisión ya estaba tomada desde hace poco más de un mes. La ministra de Industria, Débora Giorgi, volvió de su viaje a China, a mediados de enero, con el paquete estudiado y cerrado para discutirlo con la presidenta Cristina Fernández. La intención de aplicar mayores controles a las importaciones para evitar que la balanza comercial se siga deteriorando era un hecho.

Frente a la constante reducción del superávit comercial, que cerró 2010 apenas arriba de los u$s 12.000 millones, el Gobierno decidió ampliar a 600 la lista de productos industriales sujetos a la aplicación de licencias no automáticas, a fin de regular y monitorear la mercadería que ingresa desde el exterior y que afecta la producción nacional. Si bien se trata de un freno temporario a la importación –la licencia debería ser liberada como máximo en 60 días–, representa una señal para los mercados externos de que la Argentina revisa los bienes que entran al país.

La medida también podría recalentar los precios internos, al restringir temporalmente la oferta en medio de un consumo masivo que parece no detenerse.

Las nuevas trabas, oficializadas a través de la resolución 45, serán para 200 productos, que deben pasar por el filtro de las licencias, cuyos rubros abarcan desde autos de alta gama, motos, autopartes, bicicletas y partes, moldes y matrices, textiles e hilados, electrónicos de consumo, metalúrgicos, entre otros. La decisión afectará, de esta forma, el ingreso al país de monitores, computadoras portátiles, cámaras de fotos y videocámaras, reproductores de DVD, entre los productos electrónicos, en un claro gesto a los fabricantes locales de estos bienes a través del régimen de promoción de Tierra del Fuego.

La norma comenzará a regir en 20 días, pero la mercadería que se encuentra embarcada o a punto de ser enviada a la Argentina tendrá 2 meses de plazo para poder ingresar sin pedir permiso a través de la licencia.

La extensión de la aplicación de las licencias fue aplaudida por toda la industria nacional, que salió a defender la medida. Desde el sector textil, el presidente de la Fundación Pro Tejer, Pedro Bergaglio, aseguró que la norma “es una respuesta a las prácticas comerciales desleales detectadas en el último año”. Según manifestó, se declaró una “importación de tejidos planos y de punto, en 2010, por u$s 121 millones, prácticamente el triple de lo importado en 2008.

La industria metalúrgica nucleada en Adimra también respaldó la medida, al plantear que actualmente existe una “creciente presión de las importaciones que ponen en riesgo el actual proceso de recuperación de la producción, inversión y empleo metalúrgico”. En tanto, en un comunicado enviado ayer luego de la reunión de comité ejecutivo, la UIA volvió a remarcar su preocupación por la suba del 46% de las importaciones.

Desde el sector autopartista, Norberto Taranto (cuya firma adquirió recientemente Matricería Austral) aseguró que la fabricación de matrices y moldes “está muy afectada por la competencia del sudeste asiático”, por lo que la decisión oficial es “excelente y protege sanamente al sector”.

La demora en el ingreso de bienes intermedios utilizados como insumos para sectores como, por ejemplo, el automotriz representó, meses atrás, una complicación para la industria y provocó importantes demoras productivas. Para evitar eso, el Ministerio de Industria lanzará la semana próxima el Sistema Informático de Comercio Exterior (Sisco), a través del cual se pedirán y liberarán licencias de modo electrónico. Eso garantizará agilidad ante cualquier complicación que surja, dijeron en la cartera.

“Esto no indica que en nuestro país no se pueda importar. Nunca hubo desabastecimiento por estas medidas, ni aumento de precios. Algunos insumos fueron involucrados en las LNA después que se detectaron precios de productos importados anormalmente bajos, por ejemplo el caso del polipropileno”, afirmó Giorgi.