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Los abogados de Hijos solicitaron pidieron hoy, tras finalizar la lectura de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, la pena de prisión perpetua y cárcel común para el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los ex policías imputados José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, acusados de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones durante la última dictadura militar.

El abogado Álvaro Baella, detalló la pena requerida y los argumentos en cada caso. El pedido de perpetua para Díaz Bessone se asienta en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, homicidio agravado por alevosía y asociación ilícita. Baella pidió además al tribunal que una vez efectivizada la condena revoque la prisión domiciliaria de la que hoy goza el ex comandante.

Para el resto de los ex policías imputados la pena solicitada fue de 25 años de prisión y cárcel común por Privación Ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y tormentos.

Por su parte, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, que fueron los primeros en presentar sus alegatos, también pidieron cadena perpetua para Lofiego. Este es el único punto en el que se diferencian ambas solicitudes, ya que con el caso del imputado civil Ricardo Chomicky, adoptaron la postura de no acusarlo, por haber ingresado como detenido al centro clandestino de detención a pesar de que después se convirtió en colaborador de los represores.

La abogada de Hijos, Nadia Schujman, había iniciado ayer la lectura de los alegatos en el juicio contra los represores que actuaron en el Servicio de Informaciones de Rosario. Realizó un recorrido por los crímenes haciendo incapié en la “la tortura de bebés, de embarazadas, las violaciones, así como un sinfín de situaciones que no podrán ser borradas”. Los casos que defienden los letrados son los de los ex detenidos políticos Gustavo Mechetti, Juan Pablo Bustamante, Esteban Mariño y Ana Ferrari, y de los homicidios de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo.

Según publicó el blog www.diariodeljuicio.blogspot.com, Schujman planteó que “esta causa comenzó a gestarse aún antes de la reanudación democrática. Los primeros testimonios se fueron brindando en familiares y APDH, cuando todavía la dictadura militar usurpaba el gobierno de nuestro país. Con gran valor los familiares comenzaron a organizarse, a intercambiar información, y el aporte de una gran abogada fue crucial en esto, Delia Rodríguez Araya, quien dirigió las presentaciones que se hicieron ante la justicia provincial y federal en el año 1983”.

Los integrantes de Hijos expresaron a través de este alegato el rol que cumplió el ex presidente Néstor Kirchner, al convertir al reclamo de juicio y castigo en política de estado. “Seria obtuso e injusto no reconocer que conjuntamente con ese reclamo histórico de juicio y castigo existió la voluntad de un gobierno que facilitó que ese camino pudiera ser transitado en esta etapa que estamos viviendo”, dijo Schujman.

La abogada detalló en otro tramo de su lectura, el marco histórico en el que se desarrollaron los crímenes investigados. “El genocidio, como estrategia para configurar el modelo de la Nación Argentina, ha sido una realidad que varias veces han sufrido las grandes mayorías de los pobladores de estas tierras a lo largo de la historia. Desde el aniquilamiento de los pueblos originarios hasta la última dictadura cívico-militar, un mismo sector de la sociedad, el poder económico concentrado local y extranjero, recurrió una y otra vez a la misma metodología, aunque con claros matices de época”.

Luego recorrió detalladamente los casos de los querellantes que representan los abogados de Hijos. En ese sentido Schujman dio cuenta del secuestro, las torturas y las terribles situaciones vividas por los ex detenidos políticos,

El juicio investiga crímenes cometidos contra 91 víctimas del terrorismo de Estado. Durante las audiencias testimoniaron más de 150 víctimas, familiares y sobrevivientes del SI, por donde se estima que pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos.