Lt 10

En diálogo con LT10, Julio De Olazábal, jefe de los Fiscales de la provincia, expresó que “estamos ante un proceso exasperantemente lento. Pero de a poco vamos trabajando para poner en práctica el nuevo Código Procesal Penal. Al día de hoy, la fiscalía general y las fiscalías regionales no cuentan con ningún empleado. Nosotros estamos reclamando que la Legislatura cree lo más pronto posible los cargos correspondientes y la Corte Suprema decida que empleados quedan y que empelados vienen con nosotros. Esto es imprescindible para poner en funcionamiento el sistema”.

Consultado sobre si los fiscales y la fiscalía son independientes, Julio De Olazábal señaló que “a partir de la reforma constitucional del 94, se comenzó a exigir que los jueces sean absolutamente imparciales y que los fiscales y los defensores también sean independientes. Lo que ocurrió fue que la constitución de la provincia de Santa Fe quedó descolocada”.

Sobre la contradicción que existe entre la Constitucional nacional y la vieja constitución de Santa Fe, el jefe de los Fiscales de la provincia manifestó que “aquí se presenta un problema interpretativo. Los tratados internacionales obligan a las provincias a cumplirlos. De estos tratados internacionales, surge la necesidad de independencia de la Fiscalía y la Defensa. La solución es interpretar la vieja constitución de Santa Fe a la luz de los pactos internacionales”.

En este sentido, Julio De Olazábal subrayó que “yo tengo casi 30 años de juez. Yo no llegué a este cargo para borrar con el codo lo que escribí con las manos. La fiscalía y la Defensa son independientes”.

Consultado sobre la discusión que dio entre la Corte Suprema y el Defensor General de la provincia, el jefe de los Fiscales de la provincia señaló que “el problema que se está presentando es que la Corte Suprema de Justicia tiene al mismo tiempo funciones de gobierno del poder Judicial y funciones como juez. Esto está provocando el cortocircuito. El problema es que la Corte, con sus funciones de gobierno, podría intentar dirigir a la Fiscalía y a la Defensa. Lo malo es que al meterse con funciones de Gobierno en realidad se está metiendo también con la administración de Justicia. A mí entender, hay que respetar los tratados internacionales”.

En este sentido, Julio De Olazábal explicó que “supongamos que yo detecto que en un lugar de la provincia hay una organización mafiosa. Yo dispongo investigar este hecho y envío fiscales y personal. ¿Qué ocurriría si la Corte Suprema de Justicia dispone que estos funcionarios no vayan a investigar este caso? Esta acción destrozaría la estrategia de la investigación y la defensa”.