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El gobierno chileno le negará asilo político al juez argentino Otilio Romano, acusado de haber sido cómplice de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Así se lo hizo saber en las últimas horas a la Cancillería argentina, preocupada por la fuga del magistrado el pasado 24 de agosto, un día antes de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendiera para iniciarle juicio político.
El pedido de asilo presentado por el juez había generado polémica en la oposición chilena, que recordó que la Argentina se negó a extraditar al ex guerrillero Galvarino Apablaza solicitado por la Justicia trasandina en el marco de la investigación del asesinato del senador Jaime Guzman en 1991.

El secretario general de la Unión Demócrata Independiente, y senador Víctor Pérez, fue el primero en plantear que “si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena”. Pero desde el gobierno de Piñera negaron de inmediato la existencia de un ‘plan canje’.

De hecho, la sintonía entre Sebastián Piñera y Cristina Fernández se mantendría intacta, aseguraron a El Cronista fuentes diplomáticas argentinas. Tanto como para que mañana, durante su único día de agenda oficial en el Nueva York, la Presidente haya agendado una reunión con su colega chileno. Ambos viajaron ya a Manhattan, donde participarán de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Otilio Romano presentó el pedido de refugio al gobierno de Piñera el primero de septiembre pasado. “Soy un perseguido político en mi país y no sé de qué carajo se me acusa. No sé qué carajos de delitos son esos”, dijo el juez suspendido en un reportaje al diario chileno El Mercurio.

Lo cierto es que, según confirmó el subsecretario del Interior trasandino, Rodrigo Ubilla, el proceso burocrático obliga a iniciar una evaluación para definir si se concede o no el estatus de refugiado a Romano, sobre quien pesa desde esta semana una orden de captura internacional solicitada por la Justicia argentina.

Mientras la diplomacia de Piñera analiza el caso, se otorgó a Romano una visa de ocho meses, plazo durante el cual se deberá resolver el tema.

De allí que el mensaje que le transmitieron los funcionarios chilenos al embajador argentino en Santiago, Ginés González García haya sido concreto: “Antes de marzo se resuelve por la negativa” y el juez será devuelto a la Justicia argentina.

Muestra de que no hay chisporroteos diplomáticos, ayer viajaron a los actos de la independencia chilena el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Además, el embajador González García adelantó que la Presidente visitará Santiago antes de que finalice su mandato, el 10 de diciembre próximo.