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 Todavía el ajuste no llegó a su fin. El gobierno de Cristina Kirchner tiene en carpeta la eliminación total de subsidios para el gas, la luz y el agua también para las industrias, las empresas de servicios y los comercios, aunque proyecta hacerlo de manera segmentada y con una exhaustiva revisión sector por sector y empresa por empresa. La Presidenta tiene un gran temor: que el cambio provoque un fuerte impacto en los precios.

Altas fuentes de la Casa Rosada indicaron a LA NACION que la premisa básica consiste en evitar que las subas de esas facturas se trasladen a los precios de los productos y los servicios, de manera que no se genere así un pico inflacionario que detenga la actividad económica y cause un alto costo político al Gobierno.

La Presidenta supervisa el proceso y definirá sus tiempos, añadieron las fuentes. En el plan trabaja contra reloj la comisión integrada por los ministerios de Economía y de Planificación, en consulta con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y la ministra de Industria, Débora Giorgi. Las fuentes enfatizan que la quita de subsidios se aplicará en forma gradual. Y enfatizaron un concepto: empresa por empresa.

"Las subas no tienen que impactar en la rentabilidad y en la estructura de costos de las industrias, servicios y comercios", señaló un alto funcionario.

También se analiza la quita de subsidios gradual para el transporte de pasajeros y de cargas. Pero este rubro está más demorado. La prioridad aquí es universalizar la tarjeta SUBE a todas las líneas de colectivos. Luego, aunque sin plazos aún, se podrían establecer nuevos valores para los pasajeros según su capacidad contributiva, la que quedaría registrada en la tarjeta.

En el Gobierno también estudian , para mediano plazo, otros ajustes drásticos. Siempre, se aplicarían sobre sectores de alta rentabilidad y sobre los cuales se pueda justificar como parte del modelo progresista. Cerca de algunos funcionarios, se mencionan planes para captar ingresos del sector financiero y de las empresas cerealeras.

En el Ministerio de Planificación anticiparon que la semana próxima habrá "importantes anuncios" sobre la instrumentación de las medidas anunciadas la semana última por los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio De Vido. La posibilidad de renunciar en forma voluntaria a los subsidios podría demorar más allá de mañana.

También se explicará la manera de completar los formularios y declaraciones juradas para solicitar la continuidad del subsidio, siempre que el usuario demuestre no tener capacidad contributiva.

"Todos esos detalles, que se trabajaron en estas horas, sobre la aplicación se anunciarán la semana próxima", dijo una fuente oficial allegada a De Vido.

El ajuste en subsidios por la eliminación del beneficio a sectores empresarios de alta rentabilidad y a usuarios residenciales de barrios de alto poder adquisitivo supondrá hasta ahora una reducción del gasto fiscal en 4500 millones de pesos. Sin embargo, en la Casa Rosada apuntan a alcanzar un recorte de entre 20.000 y 30.000 millones. Eso obligaría a revisar el proyecto de ley de presupuesto 2012, cuando se trate en el Congreso en diciembre. Ese programa prevé erogaciones por 75.000 millones de pesos para subsidios.

Sin embargo, el aumento de la demanda energética y en los precios de combustibles, más la caída en la producción, obligarán el año próximo al Gobierno a incrementar las importaciones de esos fluidos. Se prevé un déficit de la balanza comercial energética de 20.000 millones de pesos, un monto poco mayor del que se pretende ahorrar.

El gran desafío de Cristina Kirchner es la poda de subsidios a los sectores industrial, comercio y servicios. "Se dará en sectores cuya estructura de costos y rentabilidad permita un aumento", señaló un funcionario al tanto de las gestiones.

La comisión que estudia la eliminación de esa ayuda estatal está integrada por el secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, y el subsecretario de Hacienda, Raúl Rigo. "Será segmentada por tamaño de empresas. De Vido y Baratta manejan los tiempos con supervisión de la Presidenta", señaló otra fuente de Planificación.

"Giorgi y Moreno asesoran en la confección de los listados", agregó un funcionario cercano a la Presidenta. En rigor, Moreno supervisa tanto las industrias como servicios y comercios.

El fuerte temor de Cristina Kirchner reside en que la suba de las facturas de gas, luz y agua se traslade a los precios, se dispare la inflación y se frene la economía, lo cual le podría cortar la luna de miel del segundo mandato que comenzará el 10 de diciembre.

DISCRECIONALIDAD

Un dato que subrayaron en Planificación fue que la quita de subsidios "no tendrá ninguna incidencia en el precio de las garrafas" (para sectores de bajos recursos) y que al exportarse el gas natural licuado "no se exportarán subsidios".

La creciente intervención de Moreno atormenta a empresarios. Algunas fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), que dirige José Ignacio De Mendiguren, advirtieron: "Todo lo que sea discrecional es peligroso: quién dirá «a vos sí y a vos no te quito el subsidio»".

Los sectores industriales más rentables, dicen, son laboratorios, automotrices, siderúrgicas y aluminio, mientras que alimentos y textiles estarían más comprometidas ante una suba de precios en las facturas. Otro sector sensible serán supermercados y comercio general. Nadie garantiza que sus mayores costos no repercutan en los precios.