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Ofuscado, sin ocultar su frustración con la Argentina, el juez Thomas Griesa le impuso un plazo de diez días al país para que entregue información para determinar si posee activos en Estados Unidos que puedan ser embargados por los "fondos buitre".

La nueva orden del juez llegó tras más de tres horas de audiencia -que incluyó un receso, antes del final, de una hora y quince minutos-, en la cual los abogados del país y de NML, el fondo que lidera la ofensiva judicial por la deuda, cruzaron argumentos sobre la pelea por el "discovery", un mecanismo judicial para acceder a información.

Robert Cohen, abogado de NML, abrió la audiencia con una exposición de unos 50 minutos. Tras hacer una cronología del "discovery", hizo su reclamo, dirigido a un objetivo: encontrar bienes en Estados Unidos que puedan ser embargados para cobrar la sentencia que los demandantes tienen a su favor ante el estancamiento de las negociaciones con la Argentina. "No tenemos más remedio que encontrar activos. No vamos a retirarnos, su señoría", afirmó en un momento Cohen.

Los pedidos de embargos, una consecuencia del prolongado litigio por la deuda con los holdouts, han recaído sobre el Banco Central, el Banco Nación, cuentas de embajadas, el satélite Acquarius SAC-D y, en la pelea más conocida, sobre la Fragata Libertad, entre otros activos. Cohen dijo que la Argentina tiene bienes embargables en Estados Unidos. Pero los abogados del país y fuentes oficiales afirmaron que sólo hay activos diplomáticos, protegidos por inmunidad soberana.

Griesa le exigió a la Argentina brindar información sobre activos en Estados Unidos en un plazo de 10 días y declaró que si el país poseyera bienes que no tengan un fin diplomático o militar, podrán ser embargados, al ser considerados "de uso comercial".

Esa orden, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado, "no tiene ningún tipo de consecuencia práctica", y la audiencia "concluyó con un nuevo fracaso de los fondos buitre".

Los litigantes habían llegado al tribunal con un triple reclamo. El primero era que Griesa dictaminara que todos los activos del país en Estados Unidos tienen fines comerciales y, por ende, pueden ser embargados. Además, querían que el juez indicara que el Banco Central, YPF y Enarsa son "álter ego" del Estado, y por ende que sus activos pueden ser embargados. Y, por último, esperaban que Griesa eliminara el privilegio de confidencialidad en el registro de intercambio de información sobre activos entre la Argentina y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Eso sólo ocurrirá si el país no entrega la información solicitada.

"Eso sería un enorme avance", dijo Cohen sobre el último pedido. "Cambiaría el juego. Por primera vez, veríamos qué tiene la Argentina en Estados Unidos", agregó. Carmine Boccuzzi dijo que el pedido de los demandantes "no tenía precedente" y que querían información sobre todo. Insistió: "Su mantra es todo, todo, todo\\'". Además, dijo que hasta donde él sabía la Argentina sólo tenía activos diplomáticos en Estados Unidos.

Griesa lo frenó en seco. "No los escucho decir continuamente todo, todo, todo", afirmó, sobre los litigantes. Boccuzzi intentó explicarse, al aclarar que los reclamos de los fondos buitre eran demasiado amplios. "¿Cómo se producen documentos para responder a eso?", preguntó. "Produciendo documentos para responder a eso", le espetó el juez, ya en un tono mucho más asertivo. Hubo risas en la sala.

Griesa eligió ese momento para despachar su frustración. Dijo que el país había incumplido sus órdenes, que el pedido de los demandantes era "razonable" y "enteramente legítimo" y volvió a criticar al Gobierno por "injuriar" a los demandantes al llamarlos "buitres".

El juez parecía listo para dictar la orden cuando Jonathan Blackman se puso de pie, lo interrumpió y le pidió la palabra. Griesa accedió. Blackman sostuvo que el pedido de los fondos era una "brocha gorda" que permitía pedir embargos sin límites y contradecía la jurisprudencia del caso.

"Sé, porque he estado aquí desde el primer día, cuán frustrante es este proceso, frustrante para todos", dijo el abogado. Blackman dijo que imponer las sanciones "draconianas, generales y sin límites" de los demandantes equivalía a "tirar todas las reglas por la ventana". Pidió excepciones y límites.

Al volver, tras una hora y quince minutos de receso, Griesa leyó su orden. No accedió al pedido de declarar que todos los bienes de la Argentina en Estados Unidos tiene fin comercial, al excluir activos diplomáticos y militares; no tomó una decisión sobre el "álter ego" de Enarsa, YPF y el BCRA, y sólo se limitó a pedir información, que el Gobierno se mostró dispuesto a entregar.