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La administración de Stella Clerici, quien gobierna Cañada de Gómez desde 1983, está en el centro de las miradas después de que trascendiera que la intendenta posee propiedades en el exterior. Este hecho generó un fuerte sacudón político en esa localidad en medio de la campaña electoral. Ahora se conoció otra historia, que también vincula a funcionarios de la Intendencia local. La Administración Provincial de Impuestos (API) presentó una denuncia por defraudación a la administración pública contra una contribuyente de Cañada de Gómez, titular de la firma AJS, que se presentó a una licitación de la EPE y presuntamente adulteró registros del organismo recaudador para evitar que apareciera una deuda impaga.



La denuncia se radicó en mayo pasado en el juzgado de Instrucción penal Nº13 de Rosario, a cargo de Gustavo Pérez de Errechu, quien deberá investigar si Alicia Beatriz Díaz, proveedora de la EPE a través de la empresa AJS, incurrió en el delito de “defraudación a la administración pública” al adulterar supuestamente los registros de API con el objetivo de evitar que en la Constancia de Cumplimiento Fiscal –que se hace a través de la web y la API lo exige desde 2011 tras dictar la resolución 019/11– aparecieran deudas contraídas con el Estado provincial. Es que la API no emite este certificado si aparecen “inconsistencias”, entre ellas, deudas. Alicia Beatriz Díaz había sido bloqueada del sistema de la API para generar una constancia el 29 de noviembre de 2011, porque “presentaba deudas por distintos tributos”. En la página web de AJS aparece un número de CUIT que llamó la atención a los investigadores: no pertenece a Alicia Díaz sino a José Salvucci, esposo de esta mujer, quien es gerente de otra firma cuyo nombre es Petreo, en sociedad con Marcelo Cogno, secretario de la Producción de Cañada de Gómez.



El expediente administrativo contra Díaz se inició en el organismo recaudador provincial el 15 de febrero pasado, luego de que la EPE realizara a través de un correo electrónico una consulta a la API (mediante la nota 008/2013) en la que pidió información sobre una Constancia de Cumplimiento Fiscal presentada ante la empresa de energía por Alicia Beatriz Díaz, proveedora del Estado. Entre las “inconsistencias” que presentaba el trámite, según detalla la denuncia a la que tuvo acceso Mirador Provincial, se menciona que el número de constancia (2534) no es de Díaz sino de la empresa Algons SA, radicada en Buenos Aires. El número de trámite corresponde a Gustavo Díaz, quien aparentemente no tiene nada que ver con Alicia Beatriz Díaz y es titular de una hostería en Santa Isabel. Se presume que esta persona habría realizado este ardid porque –de acuerdo a los registros de API– los compromisos impagos subsistían hasta febrero de 2013.



Fuentes cercanas al caso señalaron que la constancia que se obtuvo con otros números se realizó el 10 de octubre de 2012 a las 19:27 horas. La apertura de sobres de la licitación de la EPE se llevó adelante y su objeto era la construcción de 2450 metros de LAMT en la zona sur de Cañada de Gómez.



La API le pidió a Alicia Beatriz Díaz, en el marco del sumario administrativo, que hiciera su descargo, y el 15 de mayo pasado, esta mujer negó los hechos que se le imputan. Ocho días después el organismo recaudador presentó una denuncia penal en los tribunales rosarinos, que recayó en el juzgado de instrucción Nº 13.




Alicia Beatriz Díaz, proveedora de la EPE a través de la compañía AJS, tiene el mismo domicilio que la empresa Petreo SRL, que también se dedica al rubro de los insumos para la construcción (entre ellos, pilotes y accesorios en general), en Romegialli 952 en Cañada de Gómez. Petreo, según el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe del 10 de octubre de 2012, está conformada por dos socios, uno es Claudio José Salvucci, esposo de Díaz, y Marcelo Cogno, vecino de este matrimonio. Cogno es actualmente el secretario de la Producción de la Municipalidad de Cañada de Gómez, gobernada por Stella Clerici desde el 10 de diciembre de 2003. La empresa Petreo fue constituida el 26 de julio de 2010 y se dedica, según señala el Boletín Oficial de Santa Fe, a la “fabricación, venta, distribución, importación y exportación de productos de hormigón premoldeado y sus accesorios en general, así como el hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado”.




Antes de que se conociera esta denuncia, que presentó la API, surgieron en Cañada de Gómez sospechas de cierto accionar dudoso entre las empresas AJS y Petreo con las obras que se habían encarado en el parque industrial de esa localidad, donde están asentadas más de 20 empresas y se proyecta ampliar en 40 hectáreas.



En abril pasado los concejales del Frente Progresista de Cañada de Gómez plantearon sus dudas sobre la relación de estas empresas con el secretario de la Producción. Los concejales Luciano Travaglino y Matías Chale señalaron –según reprodujo la prensa local– se abstuvieron de votar un proyecto de ordenanza para autorizar la contratación en forma directa de la empresa AJS, por parte del Ejecutivo, para la obra de telefonía en el predio del Parque Industrial Municipal. A través de una nota, los ediles del Frente Progresista destacaron el vínculo comercial, a través de la firma Petreo SRL, dedicada a la fabricación, y venta de productos de hormigón premoldeado, del secretario de Producción Marcelo Cogno con Alicia Beatriz Díaz. “Ambos son socios en esa empresa, mientras que Díaz es la titular de la firma AJS, adjudicataria de la obra de telefonía e internet a instalarse en el predio del parque industrial cañadense”, señala el documento.



El principal interrogante que surgió con esta contratación directa es que no respetó la ley orgánica de Municipalidades (Ley Provincial Nº 2756), que establece un límite para este tipo de metodología de contratación sin licitación, que es de 20 mil pesos. Pero la obra adjudicada y aprobada por el Concejo Deliberante (donde el PJ tiene mayoría) es de 559.498 pesos.


A principios de abril, luego de que estallara esta polémica, los empresarios del parque industrial de Cañada de Gómez salieron a aclarar que la contratación de la empresa AJS para la obra de “red interna de telefonía e Internet ha sido decidida, en todas sus etapas, por los mismos empresarios, y no por los funcionarios de la Municipalidad”.