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Con cierta demora y después de superar algunas diferencias internas, la CGT más afín al Gobierno, que lidera el metalúrgico Antonio Caló, oficializó ayer su rechazo a parte de los proyectos que integran la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada, al advertir que “afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, y reclamó al Ejecutivo la revisión de las iniciativas cuestionadas en un “debate amplio” y con la participación de todos los sectores involucrados.

La decisión de la central obrera de Caló de “no acompañar” la reforma se sumó al rechazo planteado por otras agrupaciones cercanas al Gobierno, como el caso del CELS, y al profundo repudio que las iniciativas provocaron en el sindicalismo disidente (la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli) y en las fuerzas políticas de la oposición, que hoy marcharán al Congreso para intentar frenar la sanción de los proyectos.

A través de un comunicado que estuvo lejos de expresar una posición confrontativa con el Ejecutivo, la conducción de la CGT criticó específicamente el proyecto que limita las medidas cautelares y la iniciativa para crear tribunales de Casación en los fueros laboral y previsional, medidas que para la entidad “afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

Respecto del primer punto, la entidad enfatizó su “preocupación” y alertó que la “excesiva reglamentación del ejercicio individual o colectivo del derecho de amparo y el uso de las medidas cautelares, frente a decisiones, actos u omisiones del Estado, tornan casi ilusoria la posibilidad de ejercer los derechos”, por lo que reclamó abiertamente su revisión. Además, consideró “perfectible” el texto del artículo 17 de ese proyecto en el que, según advirtió, “resulta excesivo el poder que se arroga el Estado” en relación a la determinación de los servicios públicos esenciales en el marco de conflictos laborales.

En cuanto a la creación de la Cámara de Casación Previsional y del Trabajo, la CGT de Caló consideró que tendrá “como primer efecto la retardación del dictado de sentencias definitivas en los procesos laborales y de seguridad social, afectando directamente los intereses de todos los trabajadores activos y pasivos en litigio”. Y agregó: “No compartimos la celeridad impuesta a la agenda parlamentaria y reclamamos un debate amplio y participativo”.

El pronunciamiento cegetista contra la reforma judicial, firmado por Caló y el secretario de prensa de la entidad, Héctor Daer, terminó de consensuarse ayer entre la primera línea de la central, después de la presión que ejercieron dirigentes de los grupos de los “gordos” y del Masa, que cuestionaron duramente los proyectos, como adelantó este diario la semana pasada. Uno de los gremialistas más críticos fue el titular de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, quien calificó de “antidemocráticas” las iniciativas para limitar las cautelares y crear los nuevos tribunales de Casación.
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No nos ponemos en la vereda de la oposición, pero necesario dejar en claro que no acompañamos esta reforma y que se requiere mayor consenso para aprobarla”, explicó un gremialista. El tema será uno de los ejes de la reunión que mantendrá esta tarde la cúpula cegetista.