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Diez días después de presentarlo en un acto masivo en Casa Rosada, el Gobierno logró ayer en el Senado avalar uno de los proyectos más controvertidos de la reforma judicial: el que limita las medidas cautelares contra el Estado. El texto, que la Cámara de Diputados buscará convertir en ley la semana próxima, obtuvo 39 votos a favor y 29 en contra. Con ese resultado, se sumó a las otras cinco iniciativas oficiales sobre la Justicia que ya fueron avaladas por alguna de las dos Cámaras.

Las siete horas de debate se centraron en las críticas de la oposición a los artículos considerados inconstitucionales –con previsible destino de judicialización– y a la celeridad en el tratamiento de los temas. El oficialismo rechazó las acusaciones, aunque sorprendió al admitir algunas falencias. “La ley es perfectible, tiene cosas que uno quisiera perfeccionar.

Los argumentos, sobre todo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), yo los suscribo”, confesó el kirchnerista Marcelo Guinle en referencia al documento del organismo que preside el periodista Horacio Verbitsky. Aunque agregó: “En términos generales (el proyecto) no está en contradicción con la Constitución Nacional”.

Luego de las críticas del CELS, el Gobierno habilitó dos cambios en el texto original. El primero, en el artículo 2, para exceptuar de las limitaciones a las cautelares que afecten a sectores socialmente vulnerables, a la vida digna o a derechos de naturaleza alimentaria o ambiental. El nivel de detalle de las excepciones había provocado un áspero cruce entre el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y Verbitsky. El cambio finalmente admitido es más cercano a la propuesta del periodista que a la del referente de la agrupación La Cámpora.

La otra modificación fue incorporada en el artículo 17 para establecer que, ante conflictos que impidan el funcionamiento de servicios públicos, el Estado podrá pedir medidas cautelares; aunque, si esos hechos se dan en el marco de un conflicto laboral, el Estado solo podrá apelar a ese recurso si se trata de un servicio esencial y no hubo preaviso de la medida de fuerza. Aun con ese cambio, referentes sindicales y opositores cuestionaron el punto por considerarlo contrario a los intereses de los trabajadores.

El jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, rechazó esa lectura y puso como ejemplo el bloqueo del Sindicato de Camioneros frente a la destilería de Dock Sud en paralelo con el incendio de una refinería de YPF en Ensenada. “Hubo afectación al derecho de la seguridad, de la energía, de la ciudadanía”, definió. Discrepó el socialista Rubén Giustiniani: “Este proyecto afecta derechos fundamentales de los que menos tienen como los jubilados, pensionados y trabajadores”, aseguró el senador.

La salteña Sonia Escudero consideró que la iniciativa “en vez de democratizar, reduce el acceso a la Justicia” y lamentó que el Senado avale “una medida pensada como parte de la pelea con Clarín”. Se refirió a la medida cautelar que, solicitada por esa empresa, mantiene en suspenso la aplicación total de la Ley de Medios. Un trasfondo que el propio oficialismo admitió relacionado con el proyecto.
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Ante el deterioro del Poder Judicial es imposible mirar para el costado. Debemos involucrarnos. La Nación tiene una cautelar hace 10 años; ADEPA hace 9 años. Eso no puede ser”, enfatizó Aníbal Fernández, refiriéndose a su vez a otras empresas de medios.
El radical Ernesto Sanz destacó las críticas del CELS y de Carta Abierta  y señaló: “No han convencido a los propios porque el proyecto es malo desde lo jurídico y otra vez se refugian en el argumento, que ya está viejo y gastado, de proteger al Estado de las corpos”.

Pichetto rechazó esos argumentos y definió a la iniciativa como “prudente, razonable, equilibrada, y pensada para defender el interés colectivo”. La mayoría oficialista en Diputados buscará convertirla en ley el próximo miércoles