El país estaba en crisis. El 19 y 20 de diciembre de 2001, hubo marchas y movilizaciones hacia la mítica Plaza de Mayo de Buenos Aires por reclamos sociales, que encontraron su punto más álgido tras la declaración de estado de sitio de parte del entonces presidente Fernando de la Rúa, quien renunció a su cargo horas después de esa cadena nacional, y de la renuncia de su ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Las imágenes recorrieron el país, y seguirán en la retina y el recuerdo de los argentinos de esa generación por siempre.
En la Capital Federal, el juicio que se realiza lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, que es el encargado de juzgar a los 17 acusados por las muertes de Diego Lamagna, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva y Carlos Almirón, producidas en la mencionada plaza, el Congreso y las inmediaciones del Obelisco.
María Arena, viuda de Riva, destacó "la claridad y la solvencia" de los alegatos de la querella unificada del Centro de Estudios Legales y Sociales, a cargo de Rodrigo Borda; y de la Fiscalía, encabezada por Mauricio Viera, que comenzaron el 3 de diciembre pasado y aún continúan.
"No se puede evitar el momento histórico que representa ese juicio, y ambos (querella y Fiscalía) están haciendo honor a lo que implicó ese hecho para los argentinos. No es un juicio por un tema menor", expresó.
En tanto, Martín Galli, que aún tiene una bala alojada en la cabeza porque le dispararon con munición de plomo durante esas jornadas, recordó que "hay policías acusados por el intento de asesinato" y, al expresar su expectativa por la última etapa del juicio, también destacó los alegatos de los abogados de la querella: "fueron muy claros al contar el accionar policial y cómo estaba vinculado a las órdenes políticas", dijo.
Asimismo, Karina Lamagna, hermana del joven mensajero (Diego Lamagna) asesinado el 20 de diciembre, destacó que "haber podido llegar a juicio, aunque después de esperar mucho tiempo, es muy bueno".
"El juicio es histórico, porque nunca se pudo llegar a esa instancia llevando a un funcionario como (el secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa, Enrique) Mathov al banquillo", destacó Lamagna y remarcó: "Me duele en el alma que mi hermano, que quería un país mejor, haya pagado con su vida. Y hoy hay personajes que tienen prensa y dan consejos sobre lo que debemos hacer. Eso demuestra que como país no hemos aprendido nada".
De la Rúa declaró en calidad de testigo, luego de haber sido sobreseído el 12 de mayo pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del juez Claudio Bonadío y el de la sala II de la Cámara Federal porteña, que afirmó que carecía de conocimiento exacto de la situación creada.
De esta forma, los procesados son el exsecretario de Seguridad, Enrique Mathov, el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos; el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi; y el exdirector general de Operaciones de la Policía Federal, Norberto Gaudiero.
Además, se encuentran imputados trece policías: Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Jorge Toma, Carlos Loforte, Víctor Belloni, Omar Bellante, Ariel Firpo Castro, Norberto Sabbino, Sebastián Saporitti, Horacio Berardi y Mario Andrés Seia.