En una entrevista con LT10, Josefina Ignacio brindó detalles sobre el último informe del Comité, el cual arroja luz sobre la situación de los menores de edad en el sistema penal argentino. Según los datos actualizados a 2024, actualmente hay 4.114 niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en todo el país.
Uno de los datos más relevantes del informe es la distribución de las medidas judiciales: el 80 % de los jóvenes bajo el sistema penal cumple medidas alternativas o "territoriales", como la justicia restaurativa o programas socioeducativos, mientras que solo una minoría permanece en dispositivos de encierro.
Ignacio destacó que, contrariamente a la percepción pública impulsada por casos de gran impacto, existe una tendencia decreciente en la cantidad de menores en conflicto con la ley penal si se compara el periodo 2020-2024.
En cuanto a la tipología delictiva, la comisionada detalló:
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Delitos contra la propiedad: representan la mayoría absoluta, con 2.348 casos (más del 50 %).
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Delitos contra las personas: se registran 571 casos.
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Homicidios: dentro del universo total, solo 277 menores están privados de su libertad por este delito, una cifra que calificó como "ínfima" en términos estadísticos comparados.
El debate sobre la baja de imputabilidad y el encierro
Consultada sobre casos extremos que conmocionaron a Santa Fe, como el de Jeremías Monzón, Ignacio evitó opinar sobre causas específicas pero fue tajante sobre el sistema de castigo: "Lo que yo conozco de los dispositivos de encierro hoy es que no funcionan para la resocialización, ni para chicos de 14, 15 o 16 años".
Para la comisionada, la discusión no debe centrarse únicamente en la edad de imputabilidad, sino en la capacidad del Estado para intervenir eficazmente. "Faltan recursos, personas capacitadas y dispositivos acordes al perfil social y económico de estos chicos. Es mucho más complejo que decir 'bajamos la edad y los encerramos'", afirmó.
Ignacio subrayó que el Estado tiene el deber de trabajar para que los jóvenes no vuelvan a dañar a terceros ni a arruinar sus propias vidas. "Debemos pensar cómo prevenimos estas acciones para la seguridad ciudadana y cómo evitamos que chicos de esa edad se arruinen la vida para siempre", concluyó la funcionaria, haciendo un llamado a los legisladores para que los proyectos de reforma contemplen los recursos necesarios para el sistema.