El Estado argentino volvió a mover ficha en el litigio internacional por la expropiación de YPF. A través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un pedido formal para suspender el proceso de discovery (etapa de exhibición de pruebas) ordenado en la causa, así como la solicitud de desacato impulsada por los demandantes.
En el escrito judicial, la PTN sostuvo que el avance del discovery dejó de cumplir su función original para convertirse en una herramienta de presión indebida. Según argumentó, se trata de un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos”, a partir de requerimientos que calificó como “intrusivos y desproporcionados”.
Desde la Procuración remarcaron que, a diferencia de lo ocurrido en gestiones anteriores, la Argentina cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal desde diciembre de 2023. En ese sentido, señalaron que el país realizó “un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante”, con un volumen de documentación sin precedentes.
El conflicto por el oro Pese a ese cumplimiento, el Estado argentino advirtió que los demandantes incrementaron sus exigencias con pedidos que consideró “jurídicamente inaceptables, invasivos y ajenos al objeto del proceso”. En particular, apuntaron contra la estrategia del fondo Burford, que en las últimas semanas solicitó información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Al respecto, la PTN aclaró que dichas reservas son propiedad del BCRA y están protegidas por la inmunidad de ejecución. “Constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”, subrayaron.
En esa línea, el organismo afirmó que el proceso se ha desnaturalizado para “entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”. Incluso, advirtieron que los demandantes expresaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.
Finalmente, la Procuración ratificó que la Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales para defender su soberanía y frenar pedidos que, a su entender, vulneran la Constitución y los principios del derecho internacional.