La causa Vialidad derivó en una condena a 6 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Uno de los impulsores de la investigación fue Ricardo Stoddart, exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, quien denunció que entre 2003 y 2015 se entregaron 51 contratos de obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez sin licitación real ni ejecución completa.
En dialogo con LT10,Stoddart reveló que muchas de esas obras nunca se hicieron o apenas se iniciaron y detalló que “el contrato con más ejecución tuvo un 45%, pero se cobró el 100%”, afirmó. El Estado, explicó, pagó más de 46 mil millones de pesos en obras que no se concretaron, cifra que luego fue actualizada por la Justicia a 85 mil millones.
Entre las pruebas que fundaron la condena se destacan:
- Los plazos de licitación imposibles de cumplir, que indicaban un armado ficticio del proceso.
- La falta de capacidad técnica y financiera de Austral Construcciones, la empresa de Báez, que antes de 2003 no tenía experiencia en obra pública.
- El desvío de fondos públicos hacia otras sociedades, como Hotesur y Los Sauces, ligadas directamente a la familia Kirchner.
- La conexión entre los directores de Austral Construcciones y los hoteles e inmuebles que luego beneficiaron a Cristina Kirchner.
- Mensajes y documentación interna que probaron el vínculo estrecho entre la presidencia y la operatoria de Báez.
El “plan limpiar todo”, detectado por los fiscales Luciani y Mola, que evidenció un intento de disimular el vínculo entre el Gobierno y las empresas investigadas.
Además, según explicó Stoddart, los terrenos, hoteles y departamentos que luego fueron comprados por sociedades controladas por la familia Kirchner provinieron del dinero adjudicado a Báez en Santa Cruz. Incluso, señaló que la actual residencia solicitada para prisión domiciliaria por Cristina estaría vinculada a esas maniobras.
La sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 no incluyó la asociación ilícita (como habían pedido los fiscales) pero sí estableció la responsabilidad de la expresidenta en el fraude. El proceso ahora continúa con intimaciones para devolver los fondos y posibles decomisos de bienes.
“Una expresidenta condenada por corrupción debería ser algo que nos interpela como país”, sostuvo Stoddart en la entrevista con LT10.