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Con el propósito de contener las expectativas y evitar cimbronazos en el plano económico, el Gobierno ya puso en marcha un plan que busca asegurar pautas moderadas para los aumentos salariales de este año, mediante un esquema que ataría esos incrementos a la evolución de un indicador alternativo de la inflación, diferente al desacreditado índice de precios del Indec. Por ejemplo, una canasta de bienes y servicios básicos previamente acordada con gremios y empresas.

La apuesta oficial contempla un techo de 18% para las subas anuales con la posibilidad de una revisión del acuerdo en el último trimestre del año si el parámetro de inflación convenido supera el porcentaje de aumento fijado en las paritarias. “La idea es firmar en marzo o abril un aumento en torno al 18% y consensuar un índice de inflación entre todas las partes, y en septiembre vemos cuál es la evolución: si la inflación es más de 18% actualizamos el aumento y si no, se mantiene lo acordado”, explicó a El Cronista uno de los funcionarios que impulsa esa estrategia.

La propuesta oficial ya fue transmitida por algunos ministros a referentes sindicales y empresarios con el objetivo de sondear su posición e ir preparando el terreno de cara al arranque de las principales paritarias en la segunda quincena de febrero. Por el lado sindical esos contactos involucraron a representantes de poderosos gremios, actualmente distanciados del moyanismo, como la UOM, Smata, Uocra, Luz y Fuerza y Comercio, con capacidad de convertirse en referencia para las negociaciones en otras actividades. A diferencia de años anteriores, cuando Hugo Moyano fue una pieza clave en el engranaje oficial para contener desbordes salariales, esta vez el Gobierno parece decidido a mantener en el freezer la relación con el líder de la CGT y aspira a que el camionero no adelante la renegociación de su convenio actual, que vence el 30 de junio.

“El Gobierno plantea que hay que actuar con racionalidad, negociar aumentos razonables y ofrecer algunos gestos para no comprometer la situación económica”, contó uno de los sindicalistas que fue contactado por los colaboradores de la presidenta Cristina Fernández. El mensaje oficial fue concreto: “Es necesario un esfuerzo, este año no habrá otra suba del salario real (descontada la inflación), sino mantenimiento del nivel actual”, deslizaron las fuentes.

Más allá del reconocimiento implícito de un nivel de inflación mayor al que difunde el Indec (principal escollo del plan oficial), la estrategia del Gobierno para las paritarias también supone un acuerdo con gremios y empresas sobre el indicador que se utilizará para medir la evolución de los precios. En ese sentido, la principal propuesta contempla la alternativa de una canasta básica de bienes y servicios, mientras otra posibilidad (con menos chances) sería la de utilizar un indicador combinado de inflación de varias provincias.

Justamente la posibilidad de una revisión del aumento en caso de una suba mayor en los precios es la principal prenda de cambio que el Gobierno ofrece a los gremios para que se allanen a aceptar un tope de 18% en la recomposición salarial anual. Esa alternativa sería incluida dentro de cada convenio, pero no sería explicitada en la fórmula de una cláusula gatillo convencional, según señalaron las fuentes del Ejecutivo.

La expectativa del oficialismo, sin embargo, prevé un escenario de desaceleración de la economía en el segundo semestre del año que impactaría en un menor ritmo de inflación, situación que evitaría revisar los aumentos negociados en los primeros meses del año.
Mientras desde el Ejecutivo aceleran las negociaciones con gremios aliados para definir un indicador consensuado de inflación, referentes sindicales de diversos sectores plantearon en los últimos días su rechazo absoluto a aceptar un tope de 18% para los aumentos y remarcaron que llevarán a la mesa de negociación pedidos de subas superiores al 25%. En ese grupo se ubican los gremios docentes; el polémico dirigente gastronómico y titular de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo; los sindicatos que integran la CTA disidente, que lidera el estatal Pablo Micheli, y dirigentes alineados a la conducción cegetista de Hugo Moyano.

En el entorno del camionero, además, insisten en reclamar un rebaja del mínimo no imponible de Ganancias como paso previo a sentarse a negociar algún techo para los incrementos salariales