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Venezuela dio otro paso adelante en su esfuerzo por intensificar su control sobre la industria petrolera local. Acaba de anunciar que tiene planes de retirarse del organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial y poner en riesgo miles de millones de dólares de inversión extranjera.

Rafael Ramirez, ministro de petróleo del país, durante el fin de semana confirmó la idea de resolver las disputas con las compañías extranjeras dentro del ámbito de su propio sistema judicial.

La decisión afectaría a más de veinte empresas del exterior que no han dirimido controversias derivadas de la expropiación de activos del sector privado por parte del gobierno socialista venezolano, como parte de su plan de elevar su control sobre las denominadas industrias “estratégicas” que comenzó en 2006. Los analistas estimaron que los reclamos por indemnizaciones pendientes, mayormente provenientes de grupos industriales, incluyendo a las petroleras, podría ascender a unos u$s 40.000 millones.

La decisión podría también socavar la confianza de los inversores en el país, cuyos activos naturales atrajeron a algunos de los grupos de petróleo y gas líderes en el mundo, entre ellos Repsol, ENI y Statoil de Europa y Chevron de Estados Unidos. Pese a los aumentos de impuestos y cambios en los contratos, muchas compañías han mantenido su interés por invertir en el cinturón de petróleo del Orinoco, en Venezuela.

“El sentido común indica que hay que conducirse con cautela”, comentó un ejecutivo de un grupo energético extranjero refiriéndose a la decisión.
“Lo que ya es un proceso bastante complejo parece que se volverá aún más complicado,” comentó Peter Hutton, analista de RBC Capital Markets.

“Nosotros no aceptamos imposiciones y vamos a rescatar nuestra soberanía nacional”, aseguró Ramirez en una entrevista que el domingo se transmitió por televisión. Agregó también que Venezuela buscará renegociar docenas de acuerdos relacionados con inversiones internacionales.

La decisión de retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que tiene su sede central en Washington, significa que las controversias con las compañías extranjeras, incluyendo las aún no resueltas con ExxonMobil, serán dirimidas ante los jueces venezolanos.

La noticia se conoce después del anuncio del 1 de enero de que la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con oficinas centrales en París, llegó a un acuerdo que le asignó a Exxon un pago neto de sólo u$s 747 millones, cifra sustancialmente inferior a los casi 7.000 millones que se reclamaban, después de que en 2007 Venezuela expropiara los activos que tenía en el país.

Venezuela parece haber aceptado el fallo de la CCI, donde sólo estaba en disputa el contrato, pero dijo que no respetará ninguna decisión del Ciadi, donde se está discutiendo la violación de un tratado de inversión bilateral, que tiene un alcance mayor.

Lo que está en juego para Venezuela es el interés de las compañías extranjeras de invertir en la extracción de petróleo extrapesado del Cinturón del Orinoco. Las reservas de crudo probadas que tiene el país superan los 200.000 millones de petróleo, pero produce menos de 3 millones diarios. Con la ayuda de inversión extranjera, Venezuela espera duplicar la producción en los próximos años. No hubo comentarios de Exxon,Total, Repsol y ENI.
Los aliados de Venezuela, Bolivia y Ecuador, también se retiraron hace poco de la organización. Argentina hasta ahora se mantiene ligada, si bien los observadores de la industria aseguraron que eso no impidió que el país estuviera en desacuerdo con algunos fallos del Ciadi.