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La embestida oficial contra Cablevisión sumó ayer dos nuevos capítulos. Por un lado, la secretaría de Comercio Interior amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento a la empresa por supuestamente haber desconectado a clientes que pagan la tarifa indicada por el Gobierno. Y por otro, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou ordenó cortar el servicio en el Senado de la Nación, siguiendo el ejemplo del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quien la semana pasada hizo lo mismo y anunció su reemplazo por la TV Digital en la Cámara alta provincial.

En el caso de Boudou, ordenó cambiarlo por el de Telecentro, propiedad del ex titular de la Cámara de Diputados Alberto Pierri durante el gobierno menemista y cuyo abono básico también supera el establecido por el Gobierno para Cablevisión de $ 106 mensuales.
En este caso, en la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial por el organismo a cargo de Guillermo Moreno se acusa a Cablevisión de haber interrumpido el servicio a quienes no reconocen el precio total del abono y vienen pagando lo establecido por otra resolución anterior de Comercio Interior.

Voceros de la empresa explicaron que menos de 2.000 de sus casi 3,5 millones de clientes se encuentran pagando esta tarifa y negaron haber cortado el servicio a alguno de ellos, aunque reconocieron que lo hicieron con aquellos que no pagan “en tiempo y forma”.

También explicaron que mas allá de mantener el servicio vigente, a estos clientes “se les inician juicios de cobro por no pagar lo que corresponde”.

Adelantaron además que seguirán desconociendo el valor oficial y acusaron a Moreno de “querer aplicar una ley que no es reconocida por la Justicia por haberse derogado, como es la de Abastecimiento” y de “seguir sin hacer caso a fallos favorables a Cablevisión”.

En este sentido, las fuentes advirtieron que el funcionario “está busca confundir a los abonados de la compañía al pretender inducirlos a pagar un valor que ni siquiera la Justicia reconoce”.

Según los voceros de la operadora, existen dos fallos de Cámara ratificando la validez del abono que cobra la empresa, y agregaron que “en uno de ellos se asegura que la ley de Abastecimiento es inaplicable por haber sido derogada por normas posteriores”.
Salieron así a rechazar la orden de Moreno de otorgarles un plazo de 24 horas para devolver el servicio a quienes pagan la tarifa oficial, bajo la amenaza de aplicar la Ley de Abastecimiento. Esta norma, que data de la última etapa peronista antes del golpe del 24 de Marzo de 1976, impone sanciones de arresto, clausuras e inhabilitación que podrían ser aplicadas a los ejecutivos de Cablevisión. En uno de los artículos, establece que “en caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad, en lugar de la pena establecida en el inciso b (arresto por 90 días) se aplicará la de prisión de seis meses a cuatro años”, además de “clausura, inhabilitación, decomiso de las mercaderías, suspensión del uso de patentes”, entre otras sanciones.

Estas amenazas se suman a la causa abierta contra Cablevisión en la justicia de Mendoza por supuesto monopolio y que fue impulsada el 23 de diciembre del año pasado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano como propietarios de Supercanal y que también tiene el apoyo del gobierno nacional.

En esta causa, el magistrado designó un coadministrador y le dio a la empresa un plazo de 60 días para separar sus operaciones, por entender que la fusión con Multicanal no se encuentra habilitada.