En diálogo con LT10, Ricardo Monner Sanz, presidente de la Asociación Anticorrupción, expresó que “cada día aparecen más elementos en la causa que periodísticamente se denominó Schoklender. Uno se pregunta, hasta donde vamos a llegar. Yo quiero recordar que estuve muy cerca de las madres y luché contra la dictadura. Yo no gozo con este caso, como lo hacen otros. Al contrario, es el caso más doloroso que me ha tocado”.
Además, Ricardo Monner Sanz agregó que “yo hice una presentación vinculada con el análisis del proceso de quiebra de Schoklender (tramo 2002-2007) y señalé como fue contratado bajo sueldo en agosto del 2006. El último ingreso que declaró Schoklender fue de 6000 pesos. Yo no entiendo como este hombre puede comprar una Ferrari con este sueldo”.
Sobre la investigación judicial, el presidente de la Asociación Anticorrupción opinó que “no me gusta el tratamiento judicial del caso. Creo que se está poniendo demasiado el acento en Schoklender. Cuando esta causa le recae opinablemente a Oyarbide, el fiscal toma una actitud que no es respetuosa de la Constitución y de la ley. El fiscal habla sobre Schoklender y se abstiene de hablar sobre las Madres de Plaza de Mayo por su prestigio internacional. Esta no es la función de un fiscal. Yo pude ser hasta hace 3 días el mejor del mundo y luego cometer un delito”.
En este sentido, Ricardo Monner Sanz manifestó que “Oyarbide viene teniendo una actitud oscilante porque no recibió a Schoklender pero si recibió a Hebe de Bonafini con gran énfasis periodístico. Hebe de Bonafini no puede ser querellante en esta causa porque está imputada en el juzgado nº8, por delitos conexos. Además, pareciera que en esos 10 días que le dio Oyarbide para que presentaran documentación pasaron cosas raras. Oyarbide tendría que haber ordenado inmediatamente allanamientos”.
Consultado sobre cuál debería haber sido el control del Estado sobre estos fondos públicos que se les giró a la fundación Sueños Compartidos, el presidente de la Asociación Anticorrupción sostuvo que “este dinero debería haber pasado por una licitación porque dineros públicos. En segundo lugar, el titular de la UIF tuvo un año con este caso retenido. ¿El ministerio que comanda Julio De Vido nunca auditó estas obras? ¿Nadie se dio cuenta que los precios estaban inflados? ¿No ocurrieron demasiadas irregularidades en este caso?
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.