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La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes presentó este miércoles ante la Legislatura la Propuesta Nro 2 para que la Provincia de Santa Fe adhiera a la ley Nacional Nº 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.

En el encuentro realizado en presidencia de la Cámara de Diputados estuvieron presentes el Defensor del Pueblo adjunto, Luciano Leiva, el presidente de la Cámara, Luis Rubeo, y los legisladores Joaquín Blanco, José Tessa, Patricia Gazcué, Oscar Urruty, Germán Mastrocola, Alicia Gutierrez, Federico Reuteman, Verónica Bennas, Inés Bertero, Griselda Tessio, Rosario Cristiani.

Según destacó la defensora Analía Colombo, la ley nacional (que se basa en los principios estipulados por la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes Derechos del Niño y las leyes 26.061, de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y 12.967 de Promoción y protección integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) se destaca por “su enfoque preventivo y mirada integral sobre la temática”. Al mismo tiempo que muestra “una mirada positiva respecto del abordaje de la problemática de referencia realizando un aporte a la convivencia”.

La presentación de la defensora ante la Legislatura la Propuesta es de adherir a la Ley nacional N° 26.892 que se titulará: “LEY PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS”. “De esta manera la provincia de Santa Fe sería pionera en adherir a la legislación y eso iría en consonancia con las anteriores legislaciones aprobadas en materia de niñez y adolescencia”, sostuvo la defensora.

La iniciativa fue recibida de forma positiva por todos los legisladores presentes que destacaron “compartir la misma mirada y los mismos objetivos planteados por la Defensoría en relación a abordar la problemática desde una perspectiva integral”.

La legislación reafirma, entre otros, los principios de: “respeto y aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación, la resolución no violenta de conflictos, la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia, el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas, la contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley, el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas”.

Tiene como objetivo “garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica”.

Por su parte, “La legislación establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”, expresó la ombudsman con competencias en niñez y adolescencia.

La vulneración del derecho a la integridad de niñas, niños y adolescentes ha representado prácticamente el 35% de los casos atendidos por la Defensoría durante los años 2012 y 2013, realidad que es especialmente grave en tanto involucra el ejercicio de la violencia sobre la población infantil y adolescente, registrándose uno de los porcentajes más altos de los casos que se abordaron en las delegaciones Rosario y Santa Fe.
De los casos atendidos por situaciones de violencia en la Delegación de Rosario, el 69% ocurrió en el ámbito familiar y los restantes en ámbitos institucionales –educativos, de salud- o comunitarios, y en los que predomina la violencia entre pares. En el caso de Santa Fe, las situaciones de violencia en el entorno familiar representaron el 81% de los hechos violentos que afectaron a niñas y niños; el porcentaje restante corresponde a violencias en entornos institucionales.

Según las cifras, que fueron publicadas en el primer informe anual del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Santa Fe, “las situaciones de violencia en ámbitos institucionales ocurrieron casi en su totalidad en centros educativos, y se trató de agresiones entre los propios niños o adolescentes; en porcentajes mucho menores la violencia fue ejercida por un adulto referente de la institución”.

En este sentido, entendemos que “es importante problematizar el hecho de que la violencia entre pares tenga lugar casi exclusivamente en el ámbito escolar y situar adecuadamente las responsabilidades de los actores intervinientes y de la escuela para contar con más herramientas para trabajar el problema desde una perspectiva integral y conjunta”.
Para ello consideramos pertinente contar con “un marco legislativo que refiera a la convivencia mostrando una mirada positiva respecto del abordaje de la problemática de referencia con una mirada positiva como es el aporte a la convivencia”; la cultura del buen trato y el respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia; que involucran a toda la comunidad pero donde la escuela tiene un rol histórico fundamental en la transmisión de valores colectivos”.