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 Tras las explosivas escuchas telefónicas que revelan que un empresario le propuso a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, lavar dinero de Lázaro Báez, la justicia federal ahondó la investigación para determinar su relevancia, si era una práctica habitual y si la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) encubrió estas maniobras.

El juez federal Sebastián Casanello recibió hace tres días de su colega de instrucción Fernando Caunedo una causa explosiva: un expediente que investigaba el suspendido fiscal José María Campagnoli por una estafa con la venta de entradas de la cancha de River Plate. En las escuchas telefónicas de esa causa, apareció Diego Rodríguez, ex vocal de la comisión directiva del club y hermano de María Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad.

Diego Rodríguez aparece hablando con el empresario Fabio Penna, dueño de un lavadero de autos en la zona oeste del Gran Buenos Aires. En esa conversación, Penna le ofrece a Diego Rodríguez participar en el blanqueo de 300 millones de dólares de la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez. Y le explica la metodología: debía facturarle a Austral por trabajos no realizados, la empresa le daría un cheque y él se quedaría con un parte de ese dinero. El resto debía devolverlo a la firma ya blanqueado.

Esta charla se produjo el 15 de octubre pasado, pero recién se incorporó al expediente el 12 de noviembre. Cuando el fiscal Campagnoli advirtió esta comunicación, pidió el resto de las charlas. Pero la SI le informó que las conversaciones posteriores entre Penna y Rodríguez no tenían interés. De hecho, hubo 32 llamadas entre ellos entre el 1° de octubre hasta el 12 de noviembre. Y entre el 2 de octubre y el 27 de noviembre hubo otras 27 llamadas entre Penna y la fábrica textil de Diego Rodríguez.

Por esto, Campagnoli denunció a la SI por encubrimiento y pidió al juez Caunedo que allane el organismo de inteligencia para recabar las escuchas que, según él, nunca le fueron entregadas.

Caunedo no hizo lugar a los pedios y le envió esta parte de la causa al juez Sebastián Casanello ante la idea de que la charla telefónica estaba ligada al lavado de dinero relacionado con Lázaro Báez.

El juez investiga desde comienzos de este año el caso destapado por el programa de televisión Periodismo para todos , luego de que los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña primero confesaron -para después negar- haber sacado unos 50 millones de euros del país. Allí indagó a Elaskar y a Fariña, pero aún no tomó ninguna decisión respecto de Báez.

Ahora Casanello, previo dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, le pidió a Caunedo que le envíe todos los audios de las escuchas telefónicas de su causa por el fraude en River y que si no están desgrabados, lo van a hacer en el juzgado federal.

También desecharon la idea de realizar el allanamiento en la SI que había pedido Campagnoli, pues las constancias de la causa que lo justificaban son parte del expediente que tiene Caunedo.

No obstante, verificarán en los listados de llamadas si es que hubo otras comunicaciones posteriores a la charla entre Rodríguez y Penna sobre Báez, para saber si pudo haber más negociaciones que no hubieran sido registradas adrede por los agentes de inteligencia.Además solicitó que se le brinde información de quiénes fueron las personas que manipularon las grabaciones, desde quienes las realizaron hasta quienes se encargaron de desgrabarlas y sumarlas al expediente judicial para investigarlos.

La grabación la realizó la SI y fue la Policía Metropolitana la que aportó las desgrabaciones a la instrucción.

También le pidieron a Caunedo toda la información que tenga sobre Penna, y a otros organismos del Estado les solicitó datos sobre el empresario para determinar cuál es su giro comercial y si es verosímil que aparezca ofreciendo un negocio para blanquear 300 millones de dólares, como lo hizo con Rodríguez. La idea es, más allá de lo explícito de la escucha, establecer la verosimilitud de la maniobra que describe.

Campagnoli fue suspendido como fiscal semanas después de que pidió la detención de Rodríguez. En uno de sus últimos dictámenes aseguró que la SI protegió a Báez y al hermano de la funcionaria y los acusó de encubrimiento, cuestión que ahora investiga Casanello. Además públicamente denunció que lo apartaron de su cargo por investigar al poder y como una medida que discipline a otros fiscales que investigan casos de corrupción.

El 4 de diciembre pasado, Campagnoli pidió allanar la SI, ese mismo día asumió la hermana de Rodríguez como ministra de Seguridad y renunció Cristina Caamaño al ministerio.

Cuando Campagnoli fue suspendido, esta funcionaria, que fue la segunda de Nilda Garré en el ministerio, fue colocada por la procuradora Alejandra Gils Carbó como coadyuvante en su fiscalía a cargo ahora de Claudia Katok.

El lunes se vence el plazo para que la fiscalía apele las nulidades que dispuso el juez Caunedo en la investigación y el rechazo al pedido de detención del hermano de la ministra Rodríguez.

UN JUEZ Y EL CASO LÁZARO BÁEZ

Investiga escuchas sobre lavado del empresario

Sebastián Casanello / Juez Federal

Lavado

Hace un año que investiga maniobras de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez. Ya indagó a Federico Elaskar y a Leonardo Fariña
Llamadas
Investiga escuchas del hermano de la ministra de Seguridad, a quien le ofrecieron lavar plata de Báez

INMINENTE DEFINICIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN

El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, que debe resolver sobre el recurso de amparo que presentó el fiscal José María Campagnoli para anular la investigación en su contra, se declaró competente para decidir en el asunto, dijeron LA NACION fuentes con acceso al expediente.

Campagnoli planteó un recurso de amparo y dos medidas cautelares, donde reclama la nulidad del proceso en su contra y que sea levantada la suspensión. Dos fiscales que debían intervenir en el caso se excusaron.

Probablemente el lunes se expida sobre las medidas cautelares.