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ROSARIO.- La investigación por el atentado al gobernador santafecino, Antonio Bonfatti, empieza a cerrarse sobre la hipótesis de que un sector de la policía provincial ideó el ataque del 11 de octubre pasado, cuando cuatro hombres en moto lanzaron 14 disparos contra el frente de su casa en esta ciudad.

Esta hipótesis sumó más certezas luego de que ayer hubo cuatro nuevos detenidos, dos de ellos policías en actividad.

El 6 de diciembre pasado, el suboficial Pablo Espíndola, de 29 años, había sido apresado con una de las armas que se usaron para atacar la casa de Bonfatti. Así, ya son tres los policías que están comprometidos en el caso que investiga la jueza María Luisa Pérez Vara. Uno es el cabo Luis Alberto Giacone, a quien ayer le incautaron el arma reglamentaria y una pistola 9 milímetros marca Astra con la numeración limada. Además, quedó demorado otro policía que se desempeña en el Comando Radioeléctrico.

En los operativos ordenados por la jueza también fueron detenidos María Elena Pérez, madre de Emanuel Sandoval, el principal imputado en la causa, y Lucas Aguirre, quien pertenecería a un grupo de sicarios.

Desde un principio, en la justicia provincial existieron elementos para sospechar de que detrás del ataque había una trama en la que convivían policías y narcotraficantes del norte de Rosario, que es la zona donde vive Bonfatti junto con su pareja, Silvia Trócoli, subsecretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad.

En la Justicia creen que el ataque contra la casa de Bonfatti forma parte de una "escalada" de amenazas y violencia que comenzó con las intimidaciones que recibieron el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y el juez Juan Carlos Vienna el 14 de junio pasado, y luego el secretario de Seguridad, Matías Drivet, el 5 de septiembre.

De acuerdo con esta hipótesis, que cada vez toma más fuerza, el ataque contra el gobernador es el punto culmine de esta estrategia para sembrar miedo, y agitar la sensación de una situación caótica, inmanejable, dentro de la Policía. A estos aprietes, se suma otro que es muy importante dentro de la causa y es el ataque que sufrió en su casa -que nunca fue denunciado por las autoridades- el chofer de Raúl Ardiles, subjefe de la Policía. En uno de los mensajes que recibió Drivet a su celular se hace mención a este hecho: "Al rati que agarramo en casa con la mujer lloraba le perdonamo (sic)".

La pista policial empezó a cristalizarse el 25 de octubre a la noche cuando en un patrullero de la seccional 10a., que está ubicada a unas diez cuadras de la casa del gobernador de Santa Fe y tiene jurisdicción en la zona, apareció un arma calibre 11.25. Unos minutos antes, una serie de anónimos que llegaron a los Tribunales de Rosario y a medios de comunicación indicaban que era el arma que se había utilizado para atacar la vivienda de Bonfatti.

La Tropa de Operaciones Especiales (TOE), una fuerza de elite que depende del Poder Ejecutivo, realizó un allanamiento en la comisaría y se llevó computadoras y teléfonos celulares de más de 15 policías. Esa misma noche se hizo un peritaje que confirmó que el arma no se había utilizado el 11 de octubre para disparar contra el frente del inmueble de Gallo y Darregueira.

Los investigadores sospecharon que esa puesta en escena en la seccional 10a. había sido una maniobra de distracción. Y no se equivocaron. Tras seguir el rastro de los teléfonos incautados empezaron a entretejer que existía una vinculación fluida entre un policía de esa dependencia y Emanuel Sandoval, quien en ese momento estaba prófugo. "Ema Pimpi", el sobrenombre de este muchacho de 26 años, comanda un grupo de sicarios conocidos como "Generación 2000", que incluso tienen una página de Facebook.

Sandoval fue detenido a principios de noviembre de una manera poco ortodoxa. Lo apresaron efectivos de la patrulla motorizada que acudieron al shopping Alto Rosario por una pelea entre adolescentes. Por ese hecho quedó demorado, pero los policías no sabían quién era. Cuando averiguaron sus antecedentes y prontuarios se sorprendieron porque tenían en sus manos a uno de los hombres más buscados de la ciudad.

La intervención de los teléfonos del suboficial Pablo Espíndola les aportó pistas claras a la Justicia. Se confirmó que trabajaba en conjunto con el grupo encabezado por Sandoval. "Se los conocía en el ambiente del hampa como los «rompe huesos». Se dedicaban a apretar y a matar gente por encargo", describió a LA NACION una alta fuente judicial.

Tras la detención de Espíndola, quien actualmente está preso en la cárcel de Piñero, la investigación se tuvo que acelerar para avanzar sobre sus posibles cómplices. Luis Alberto Giacone, quien era compañero de Espíndola en la seccional 10a., es uno de ellos. Según las fuentes consultadas, este cabo de 30 años se dedicaba a "alquilar" armas a los delincuentes. Se sospecha que Giacone sirvió de apoyo logístico para el atentado junto con más efectivos que están siendo investigados.

En la causa ya fueron procesados por "abuso de armas, portación ilegal de armamento y daños" contra el gobernador el policía Espíndola, Emanuel Sandoval, Manuel Martínez, barrabrava de Newell\\'s; Germán "Papaíno" Ramírez, quien cuenta con antecedentes penales por homicidios y a quien se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros, y Saúl Sánchez, acusado después de la declaración de un testigo indirecto y por datos que revelan su estrecho vínculo con los otros detenidos.

Se supo que está previsto que la jueza Pérez Vara les tome hoy declaración indagatoria a los cuatro detenidos..