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La nueva metodología de estimación de la inflación que prepara el Indec bajo la presión del FMI –que amenaza con expulsar a la Argentina del organismo si no se transparentan las estadísticas– contendrá la novedad de múltiples índices de precios. Hay consenso entre la cúpula del cuestionado instituto público, que para medir “correctamente” el costo de vida de diversos sectores socioeconómicos se requieren distintos indicadores que incorporen canastas de consumo diferentes.

Sin embargo, en las últimas horas algunos analistas deslizaron la posibilidad de que el Gobierno intente con esta “multiplicidad” de índices “diluir” la medición oficial de la inflación, que despierta críticas y serios cuestionamientos desde enero de 2007.

Según consignó ayer un cable de la agencia oficial Télam, el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional y Urbano (IPCnu) –que reemplazará al actual Índice de Precios al Consumidor (IPC)– servirá para una variedad de fines, como contratos y pagos de la seguridad social. Pero en el Indec que dirigen Ana María Edwin y Norberto Itzcovich consideran que, en vista de los numerosos usos de los índices de precios, es poco probable que un mismo indicador cumpla satisfactoriamente con las necesidades de todas las aplicaciones. Por ejemplo, las ponderaciones de un IPC utilizado para indexar jubilaciones deberían abarcar solamente los gastos de la población de pensionados, y excluir productos que presuntamente son más bien irrelevantes para los hogares más pobres, tales como bienes o marcas de lujo.

Lo cierto es que en el Gobierno esperan poder lanzar el nuevo índice de inflación tras las elecciones de octubre. La fecha estimada es el último trimestre de 2013. Servirá para mostrar a los ojos del FMI avances al respecto.

El organismo que dirige la francesa Christine Lagarde decidió a principios de año emitir una “moción de censura” contra la Argentina, proceso que –de no mediar cambios– podría derivar en la expulsión del país de la entidad de crédito internacional. “El progreso de la Argentina en implementar medidas correctivas desde la reunión del 17 de septiembre de 2012 no ha sido suficiente”, afirmó el FMI en el comunicado de febrero pasado. “Como resultado, el Fondo emitió una declaración de censura contra la Argentina en conexión con la violación de la obligación con el Fondo”, agregó. La “tarjeta roja” del FMI implica que el Indec debe normalizar las cifras de IPC y PBI “si mayores demoras y a más tardar para el 29 de septiembre de 2013”.
De no hacerlo, podrían aplicarse nuevas sanciones.

También se espera un nuevo reporte oficial del FMI sobre el tema para el 13 de noviembre de 2013. En esa fecha “el comité ejecutivo evaluará de nuevo el tema y la respuesta de Argentina en línea con los procedimientos del FMI”, sostuvo el comunicado. Se trata de la primera vez que el organismo internacional decide sancionar a un país por la calidad de sus estadísticas oficiales.

En concreto, el nuevo IPCnu que el Indec comenzó a elaborar con universidades nacionales contendrá una variedad de indicadores que permitirán medir las variaciones no solo a nivel país y por regiones, sino también en los diferentes sectores de la actividad económica y grupos sociales. Contemplará los precios que cobra el sector minorista por los bienes de consumo vendidos a los consumidores privados, pero también los que percibe el segmento manufacturero por los comercializados al sector minorista y mayorista, reflejados en un índice de precios al productor (IPP).

La semana pasada las autoridades del Indec y de quince universidades nacionales se reunieron para iniciar la elaboración del IPCnu, que reemplazará al actual IPC que sólo mide las variables de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.