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Martes 05 de Marzo de 2013 - 13:54 hs

Colegios de Abogados cuestionaron el nuevo decreto de selección de magistrados

Para los cinco colegios de abogados de la provincia el nuevo decreto sobre el Consejo de la Magistratura de Santa Fe es un retroceso. Lo expresaron en el documento que se transcribe a continuación:



El día 21 de diciembre de 2.012, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto 3904/12 introduciendo reformas en la regulación del sistema de selección de magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos de la Provincia de Santa Fe.

Si bien en su fundamentación la norma afirma haber recogido las sugerencias formuladas por las instituciones relacionadas con el quehacer judicial, es necesario destacar que ninguna de las cuestiones centrales que se plantearon desde los Colegios de Abogados de la Provincia, esto es, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y Santa Fe, han sido tomadas en consideración.
En realidad la reforma pasa por dos aspectos. En primer lugar unifica en un organismo la misión de llevar adelante la selección de magistrados y funcionarios.

En segundo término elimina el orden de méritos entre los concursantes, lo que es suplantado por un listado alfabético integrado por todos los postulantes que superaren el puntaje requerido en los concursos, para que del mismo se escoja el pliego que se remitirá a la Legislatura Provincial.
Sentado ello, seguimos observando que sigue pendiente la organización y puesta en funcionamiento de un Consejo de la Magistratura, a partir del cual sea posible un debate amplio sobre el “perfil de jueces” que queremos para nuestra Provincia.

Es decir la creación de un ámbito plural con capacidad de plantear un esquema de selección de magistrados y funcionarios con la participación efectiva de las entidades representativas de abogados y magistrados.

Hasta el momento los concursos se realizan en base a reglas dictadas por el Poder Ejecutivo, y la intervención de las entidades queda limitada a aportar jurados con competencia profesional o académica. Ello impide un salto de calidad en esta materia toda vez que sigue pendiente un debate integral con todos los actores involucrados en el funcionamiento de la justicia.

La existencia de un jurado independiente queda desdibujada, si para su integración el Poder Ejecutivo debe recurrir a otorgar concesiones a las instituciones que los aportan, máxime si no se define previamente qué jueces y funcionarios queremos para nuestra Provincia, y en función de ello como merituar sus antecedentes, laboriosidad, profesionalidad, honestidad y competencia.

Es de destacar que la reciente norma dictada por el Poder Ejecutivo menciona en su considerando tener por objetivo la restricción de un criterio “academicista” para la elección de jueces, fiscales y defensores, pero en concreto no aporta ningún elemento que permita conocer cómo lo va a hacer y cuáles son los criterios alternativos que se van a tener en cuenta para cumplir tal finalidad.
Si se entiende que la substitución de un orden de “merito” por uno “alfabético” en la propuesta que se eleva al Gobernador cumple esa finalidad el camino es errado.

En efecto de ser así pareciera que el mecanismo está más bien enderezado a lograr “acuerdos” con la Legislatura Provincial, sobre la base de un listado abierto antes de la remisión de los pliegos que de efectivamente valorar la labor de jueces y profesionales de la matrícula aspirantes al cargo.
Está claro que este no es ni puede ser un mecanismo aceptable para la designación de jueces y funcionarios y que en lugar de un avance es una clara regresión.

La importancia de la función judicial en el sistema republicano, como última garantía de los derechos constitucionales y legales, requiere que aquella se cumpla teniendo en cuenta el mérito de quienes están llamados a desempeñarla y en base a un sistema legitimado y transparente de selección.

Finalmente hacemos saber que desde los Colegios de Abogados de la Provincia se iniciarán gestiones ante los poderes públicos del Estado Provincial y las entidades con incumbencia en la materia a fin de plantear acciones concretas enderezadas a impulsar un verdadero salto de calidad para la selección de magistrados y funcionarios.