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El gobierno nacional salió a avalar un nuevo proyecto de expropiación de activos propiedad de la filial local de una multinacional. Si bien la iniciativa no tiene la magnitud de lo ocurrido con Aerolíneas Argentinas e YPF, avanza sobre los derechos de uno de los grupos chilenos con mayores inversiones en la Argentina. Se trata del holding Angelini, a su vez dueño de Celulosa Arauco que en 1996 pagó u$s 476 millones por la compra de Alto Paraná (APSA).
Esta empresa productora de celulosa y papel con base en Misiones podría perder el 1% de sus tierras en el país si prospera un proyecto para quitarle 3.000 hectáreas que explota en la localidad de Puerto Piray.

La iniciativa tuvo ayer el respaldo de las autoridades nacionales a través de Emilio Pérsico, director de Agricultura Familiar de la Nación, quien manifestó el aval de la Nación a legisladores provinciales con los que mantuvo un encuentro. Uno de los presentes en la reunión, el diputado provincial Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social, informó que Pérsico “acompaña este proceso para entregar tierras a los pequeños productores, para que trabajen con agricultura familiar”. Según Bárbaro, el funcionario nacional y líder del Movimiento Evita ya envió delegados de su organismo a recorrer las tierras.

La iniciativa es impulsada por  la Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray y logró obtener estado parlamentario gracias al respaldo de varios partidos políticos, entre ellos la UCR.

Establece el reparto de 14 hectáreas para cada una de las 200 familias que viven en la zona de Puerto Piray donde Alto Paraná posee las tierras que se encuentran sembradas.
Los diputados de la provincia que gobierna Maurice Closs, un aliado del kirchnerismo, reclaman que se distribuyan para destinarlas a la producción agropecuaria. El proyecto podría ser tratado el jueves, en la última sesión ordinaria de este año. Pero no hay certezas de que esto ocurra y algunos admiten que la discusión se demorará para el 2013.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray, Miriam Zamudio, explicó que quieren las tierras “para trabajarlas y producir alimentos sanos”.

Desde la empresa rechazan la expropiación y advierten que solamente beneficiaría a un grupo reducido de personas sin analizar criterios adecuados y sin contar con razones lógicas ni sustento legal. Pablo Ruibal, gerente de Asuntos Corporativos de Alto Paraná, consideró que la expropiación carece de objetivo claro al no existir un bien público que la legitime, tal como marca la ley. “Sería algo entre dos privados”, agregó.

Sostuvo además que Alto Palermo trabaja en la generación de valor junto a la comunidad misionera y sus autoridades, y agregó que “la empresa es respetuosa de los marcos jurídicos y de las instituciones del país”.

También señaló que las tierras que se pretenden expropiar “hoy generan valor, dan trabajo y pagan impuestos, todo lo cual se perderá si el proyecto se concreta. Es decir, sería una cuenta de suma cero”.

El ejecutivo recordó además que las tierras generan puestos de trabajo para 4.000 familias misioneras”. Y desmintió que se utilicen agrotóxicos en el tratamiento de las plantaciones, como lo aseguran quienes defienden la iniciativa de expropiación.