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Un día después de la celebración del Día del Seguro, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciará en Casa de Gobierno el “Plan Nacional Estratégico del Seguro” con cambios que regulan y modifican a toda la actividad aseguradora hasta el 2020. En el acto –que se realizará por la tarde en el Museo del Bicentenario y del que participarán representantes de la Superintendencia de Seguros y todas las cámaras del sector (entre ellas, Avira, Uart, Adea, Adira, Aapas y la Asociación Argentina de Compañía de Seguros)– la jefa de Estado hará hincapié en una de las finalidades de la iniciativa: aumentar el porcentaje que la producción de pólizas representa en el PBI, que en la actualidad no llega a alcanzar el 3%. En este contexto, el Gobierno obligará a las compañías a destinar parte de sus recursos a invertir en la economía real, la mayor parte para financiar proyectos de infraestructura y obra pública.

El último borrador del trabajo elaborado por la Superintendencia de Seguros, que dirige Juan Bontempo, dispone cuatro fines estratégicos que deberán cumplir estas empresas de ahora en más: macroeconómico, de mercado, social e institucional. Dentro de ellos se exigen objetivos específicos para el sector, que suman un total de 24 puntos.

Dentro de la lista de inversiones que las aseguradoras deberán fondear, el plan enumera los siguientes proyectos: de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, de energía eléctrica, energía gasifica, pluvial, energía limpia, de producción e infraestructura de suelo urbano y para programas de reconversión ambiental. Se destaca también el financiamiento para emprendimientos productivos, dirigidos en especial a pymes. Aunque la Superintendencia detalló los destinos de las inversiones, el porcentaje que las empresas deberán redireccionar para estos emprendimientos no estaba definido hasta ayer a última hora. Sin embargo, en el mercado especulan con un guarismo cercano al 5%, que coincidiría con la última exigencia que el Banco Central requirió a los bancos en la misma dirección.

Otra de las exigencias es la creación de nuevos seguros obligatorios. En esta línea, el proyecto contempla las siguientes pólizas: agrícola, de vida para trabajadores independientes, seguro integral para colegios, para edificios de propiedad horizontal. Pero, a su vez, amplia la cobertura y prestación de seguros existentes como el automotor, de vida destinado a empleados públicos y privados, para espectáculos públicos, ambiental, de crédito a la exportación y para transporte público de pasajeros (que incluye ferrocarriles, subtes, colectivos urbanos e interurbanos).

El nuevo sistema intenta “fomentar a la cultura aseguradora” y para ello se impulsa una renovación y actualización de la normativa del seguro vigente. En este marco, el Gobierno buscó adaptarlo al nuevo Código Civil y Comercial que está siendo debatido actualmente en el Congreso. Al mismo tiempo, se modificó la gestión del ente regulador y se dispuso la creación de un consejo consultivo, integrado por representantes estatales y las cámaras de aseguradoras.

En el mercado se mostraron tranquilos ante el avance. Y es que ya preveían medidas de este tipo, aunque las dudas recaen en la manera en que se implementarán cada uno de los puntos, que aún no fue especificada. En esta línea, hay quienes sostienen que éste es otro paso del kirchnerismo para enfrentar los problemas de caja que le dificultan seguir solventando el modelo. En rigor, no es la primera vez que se impone a las aseguradoras cómo debe manejar sus fondos. En octubre pasado se les exigió repatriar la totalidad de sus fondos en el exterior, como una de las medidas que inició el cepo cambiario para paliar la escasez de divisas. Sin embargo, desde el sector argumentan que ya colaboran en alguna medida con el financiamiento público, debido a que prácticamente la mitad de su cartera está invertida en bonos del Estado.