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De forma lacónica y con monosílados, el abogado defensor de Hugo Tognoli, Eduardo Jauchen, respondió a la prensa apostada a la salida de los tribunales federales de Oroño al 900. Fue en el marco de la investigación que se le sigue al ahora ex jefe de la policía santafesina, imputado por presuntas vinculaciones con narcotraficantes.

Tognoli llegó esta mañana a los Tribunales y prestó declaración ante el juez Vera Barros. El comisario salió esposado y quedó detenido.

"Es todo muy confuso" repitió una y otra vez Jauchen ante el requerimiento de los periodistas para que de precisiones de las imputaciones de su defendido. Agregó que "no hay elementos para sustentar" las acusaciones y destacó que Tognoli "negó todo" de lo que se lo acusa.

"No es el momento para que yo le pueda dar toda la descripción del caso", afirmó el letrado. Respecto de las casi 48 horas desde que se ordenó su detención hasta que finalmente se presentara ante las TOE, dijo que Tognoli "no estuvo prófugo" y que su ausencia se debió a que "estaba mal de salud".

El comisario general Hugo Tognoli se entregó el domingo a la noche luego de dos días con pedido de captura y en condición de prófugo. Eligió hacerlo ante camaradas de la fuerza que condujo hasta el viernes: se presentó por ello en el cuartel general de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en Santa Fe. Hoy a la mañana  fue trasladado a Rosario para enfrentar al juez federal Carlos Vera Barros, que lo indagó por la presunta cobertura a un traficante de drogas del departamento General López.

Tognoli ingresó a las 22.40 en la sede de la TOE en el Ministerio de Seguridad, frente a la plaza San Martín de la capital provincial. Lo acompañaba su abogado defensor, Eduardo Jauchen, y quedó detenido. 

El alto oficial estuvo sin paradero conocido desde el viernes a las 16 lo que implicó prolongar por dos días su condición de prófugo. No pudo ser ubicado por los hombres que había comandado ni por los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que recibieron órdenes en tal sentido. Terminó poniendo él mismo fin a la incertidumbre sobre su paradero atenuando en algo la crisis política que supone que el máximo responsable operativo de la seguridad en la provincia haya sido imputado de amparar a vendedores de drogas.

El mismo viernes, al trascender por un diario nacional la investigación de la PSA que lo complicaba, había señalado su decisión de ponerse a disposición de la Justicia. Pero cuando se anunció la orden de detenerlo se ausentó.

Durante la ausencia de Tognoli no abundaron manifestaciones en el entorno del Ejecutivo provincial. El gobernador Antonio Bonfatti, por ejemplo, no hizo declaraciones. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, tampoco desde el viernes.

Sí lo hizo el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, quien no ocultó su molestia con dirigentes políticos del justicialismo que criticaron al gobierno de Bonfatti por lo ocurrido.

"Especular políticamente con el combate al narcotráfico es algo lamentable. Tenemos que sumar esfuerzod y no contarnos las costillas", manifestó Galassi en relación con comentarios críticos de algunos dirigentes como el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, o el intendente de Venado Tuerto y titular del PJ santafesino José Freyre.

"En este tema no tenemos cola de paja. Hemos dado órdenes precisas de ir al fondo con esto (contra los traficantes y la corrupción policial). Y también el gobierno nacional se tiene que poner los pantalones largos en la materia", sostuvo en declaraciones a Radio Dos.

Galassi se refería a que los recursos para enfrentar la narcocriminalidad son exiguos y que en ello hay una responsabilidad del gobierno central.

"Hoy existen en la provincia la misma cantidad de juzgados federales que hace 30 años cuando el fenómeno del narcotráfico prácticamente no existía", sostuvo el ministro de Gobierno provincial, para agregar: "Las fuerzas federales de Gendarmería que estaban en Rosario se las llevan para custodiar los barrios del Gran Buenos Aires. Si tienen vocación de asumir este tema colectivamente como entiendo que hay que hacerlo debemos sumar todas las fuerzas. El narcotráfico es un enemigo poderoso. Hoy se deben estar riendo de cómo se están dando estas discusiones cruzadas".

 La causa que marcó la captura de Tognoli es un sumario iniciado en el juzgado federal a cargo de Vera Barros por diversas irregularidades atribuidas a jefes policiales en investigaciones de narcotráfico y trata de personas.

En una de las escuchas un comisario mayor de la policía provincial le dice al dueño de un prostíbulo de Villa Cañás que para vender cocaína en su local debe pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprar al abastecedor local Carlos Ascaíni.

La segunda cuestión que lo alude se refiere a un intento fallido de la PSA para detener a Ascaíni el 25 de noviembre. Según la pesquisa Ascaíni se dio cuenta de que lo estaban siguiendo y entonces pidió a alguien que averiguara las patentes de los dos autos que lo hacían.

Alguien hizo la consulta al Registro Propiedad Automotor. Según la PSA el que consultó lo hizo con la clave y el código personal de Tognoli. Lo que lo pone en aprietos.