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La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de activar, después de ocho años de negociaciones truncas, la modificación de la ley de Riesgos de Trabajo para eliminar lo que se conoce como la “doble vía” –que implica que los trabajadores cobren la indemnización y luego inicien una demanda judicial para obtener una diferencia– fue aplaudida por todos los sectores empresarios y sindicales, que coincidieron en la necesidad de eliminar la industria del juicio, que se está llevando la mayor tajada a raíz la actual normativa.

Quien se llevó todos los trofeos fue el titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren –el único que se había opuesto, acompañado por el titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner– al proyecto que impulsó originalmente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y que adelantó en exclusiva El Cronista en su edición del 23 de julio pasado.

El dirigente se encargó personalmente de hacerle saber a Cristina que esa iniciativa no resolvía la industria del juicio, sino que, por el contrario, la impulsaba. Y la mandataria no sólo le dio cabida y le marcó la cancha al ministro en reuniones privadas, sino que lo hizo públicamente en el acto por el Día de la Industria en Tecnópolis. En ese encuentro, la Presidenta fue bien clara en plantarse a favor de “un proyecto corto” que sólo resuelva el problema del cúmulo y desalentar la iniciativa de Tomada, que proponía una reforma integral de la ley.

“Fue un día muy importante ya que pudimos encontrar un acuerdo en el que se consiguieron fuertes alzas en las indemnizaciones y además un régimen de actualización. Desde el punto de vista de las pymes, que es la que más padecía los juicios, se le da mucha previsibilidad”, aseguró a este diario De Mendiguren, quien agregó que “lo más trascendente del proyecto es que desalienta la industria del juicio”.

Respecto de la suba de costos que tendrán las empresas por este incremento de los montos indemnizatorios –rondará el 20%–, el dirigente señaló que será analizado, pero que pueden ser menores por la baja en la litigiosidad que se espera, por la mayor competencia que generarán las mutuas (ver aparte) y los menores gastos de administración que tendrán las aseguradoras.

Para el abogado de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se trató de “una solución justa, razonable y equitativa” y “si bien va a implicar un aumento en los costos, se justifica para resolver el problema de fondo”.

Desde la Unión de ART (UART), se mostraron conformes con el proyecto por “compatibilizar el sistema de reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo con otros sistemas de responsabilidad”. “Constituye un gran avance para la consolidación de los derechos y obligaciones de todos los actores sociales involucrados”, sostuvo la entidad en un comunicado.

La iniciativa terminó de definirse en reuniones que en forma individual Tomada tuvo con los representantes empresarios, sindicales y de las ART. De esa forma, por indicación de la Presidenta, el funcionario medió y se llegó al acuerdo anunciado ayer, que luego de tantas idas y vueltas, finalmente se resolvió de un plumazo y, curiosamente, con el apoyo de todos los sectores.