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El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, apuesta ahora a que la Corte resuelva en unos 60 días una medida cautelar que presentó la provincia para que la ANSeS desembolse una parte de la deuda de $ 1.040 millones que reclama, mientras avanza el juicio entablado contra la Nación.

Mientras, la Corte Suprema de Justicia no se da por vencida y asegura que recién empieza el “proceso conciliador” en el conflicto entre la Nación y la provincia por fondos para aliviar el déficit de la caja jubilatoria cordobesa.

La primera etapa procesal que se cumplirá ahora en la Corte será que la Nación responda el traslado de la demanda, para lo que tiene alrededor de un mes. A partir de ese momento, Córdoba tendrá la oportunidad de insistir en que la Corte dicte una medida cautelar para que la ANSeS pague al menos una parte de la deuda mientras avanza el juicio, lo que ocurre muy lentamente porque en los conflictos Nación–provincias casi todos los plazos se duplican.

Sin anticipar una sentencia, fuentes del máximo tribunal recordaron que hasta ahora nunca prosperó una medida cautelar en un juicio entre el Gobierno nacional y alguna provincia.

Tras considerar que la primera audiencia de conciliación fue sólo “un trámite más”, las fuentes de la Corte recordaron que “en 2008 la situación era mucho peor, porque eran más las provincias en conflicto, y las posiciones también parecían irreductibles al principio de la negociación, pero finalmente se llegó a acuerdos con todas, salvo San Luis”.

Los informantes añadieron que “la primera vez no se acuerda”, y relataron que en la audiencia lo que pasó fue que “cada uno adelantó su demanda o su defensa”.
Los ministros de la Corte, presidida por Ricardo Lorenzetti, están decididos a seguir “intentando persuadir” a la Nación y a Córdoba de que lleguen a un acuerdo sobre la financiación del déficit de la caja previsional.

Temen que, si no les queda más remedio que resolver el conflicto, puedan “no hacer nada, lo que no es propio de esta Corte, o hacer demasiado”.

También preocupa el efecto multiplicador de una sentencia hacia las situaciones del resto de las provincias. “Si la Corte decide que todas las provincias cobren lo que piden, quiebra el Estado nacional, y si actúa al revés, quiebran las provincias”, sinceró la fuente.

Para los ministros del Máximo Tribunal, no se debe mirar sólo la “pequeña foto” de la discusión del atraso en el pago del convenio por la caja jubilatoria cordobesa por los $ 1.040 millones correspondientes a 2011, sino “toda la película” que mostró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, al detallar toda la compleja relación económica Nación - provincia, explicaron las fuentes.