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Después de diez días de paro, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Metrodelegados) levantó la huelga tras firmar un acta –en la Subsecretaría de Trabajo porteña– en la que acordaron mejoras laborales con la empresa Metrovías. Para eso hizo falta sentar a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la única con personería gremial, que firmó su acuerdo en una sala distinta por el enfrentamiento que mantienen ambos gremios.

Todavía el secretario general Roberto Pianelli y su segundo, Néstor Segovia, seguían en la reunión cuando los metrodelegados difundieron el comunicado anunciando el acuerdo. Allí explicaron que “consta de mejoras en las condiciones de trabajo, modificaciones en el régimen de licencias y un reordenamiento en los niveles salariales”. Los metrodelegados pedían más días por vacaciones, por adopción, por el fallecimiento de un familiar y por maternidad. El subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, aclaró que acordaron en todos los puntos excepto respecto a los 10 días que los gremialistas reclamaban para realizar trámites.

Como habían dicho el domingo, los metrodelegados tuvieron que postergar el reclamo económico que, anunciaron, retomarán más adelante. “El acuerdo es transitorio, hoy nos dieron migajas”, admitió Pianelli.

En paralelo, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, firmó un acta que da legalidad a la de metrodelegados, y que en este caso incluye licencias, recategorización de puestos y una suma no remunerativa, a cuenta de la paritaria que se discutirá en diciembre.

Se abonará en los salarios de agosto y ronda entre $2.100 y $3.200, según la categoría. Además sigue vigente el acuerdo que la UTA firmó con la empresa Metrovías el viernes pasado por una suba salarial del 23%. El acuerdo aclara que la empresa abonará la suba cuando reciba los fondos de la autoridad competente. O sea, cuando reciba los subsidios de la Nación o la Ciudad. A ese punto, Pianelli lo calificó de “paga Dios” ya que queda encorsetado en la disputa entre la gestión de Mauricio Macri y de Cristina Fernández.

El décimo día del paro más largo en la historia del subte transcurrió entre acusaciones cruzadas. El fiscal porteño Federico Villalba Díaz pidió a la jueza interviniente Patricia López Vergara que ordene el desalojo de los metrodelegados para que se restituya el “inmediato funcionamiento” del subte. Por su parte, la diputada Graciela Ocaña reclamó la intervención de la Corte Suprema.

A su vez, el Gobierno del PRO fustigó a los metrodelegados. La vicejefa porteña, María Eugenia Vidal, consideró que la medida de fuerza “se parece más a una toma” en línea con la multa de $ 4.933.000 aplicada a los gremialistas por no haber acatado la conciliación obligatoria dictada el viernes.

Segovia, delegado de la línea C, respondió que “si fuera por Macri el conflicto se resolvería en 5 minutos, pero el problema es que en lugar de solucionarlo nos trata de vándalos”.
Una vez más desde el kirchnerismo, apuntaron contra el líder del PRO. El diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel subió la apuesta y sostuvo que Macri “está buscando excusas” y que busca “la intervención federal