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El Gobierno nacional siguió avanzando en su recta de “sintonía fina”. Ayer, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció un nuevo esquema de tarifas de transporte público, basado en la información que recaba el oficialismo a través de la tarjeta SUBE, que registra los viajes de todos los usuarios, y las compensaciones de tarifas que se destinan para el servicio.

En concreto, se decidió congelar los subsidios para los colectivos de corta y mediana distancia. En una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, Randazzo puntualizó que a partir de este mes quedaron fijados los topes máximos que se les podrá asignar a estas empresas. “En la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires hoy estamos aportando por mes $ 965.225.000 y en el resto de las provincias $ 397.137.246 millones.

Esta suma que estamos estabilizando va a ser el tope de recursos que le Gobierno va a asignar a este servicio de Transporte público”, detalló el ministro. Pero, al mismo tiempo, se resolvió que a partir del 6 de agosto, quien no tenga la tarjeta SUBE deberá pagar $ 2 para viajar en colectivo y $ 1,50, en tren. Los valores corresponden a la tarifa mínima e implican aumento del 100% del boleto. Hace apenas ocho días, la inflación afectó también el costo de sacar la tarjeta: de $ 10 a $ 15. Fuentes oficiales aseguraron a este diario que no habrá un nuevo aumento del plástico.

Los subsidios que el Estado otorgaba a micros de corto y mediana distancia crecieron un 17%, medido interanualmente, con datos hasta abril de 2012. Si bien desde la cartera del Interior no supieron dar estimaciones de cuánto sería el ahorro del Estado con la disposición y aseguran que la medida apunta a “mejorar la calidad del servicio y dar eficiencia a la utilización de los recursos”, lo cierto es que se lleva a cabo en un contexto de desaceleración de la economía, restricciones y problemas de caja que enfrenta la administración kirchenrista. En rigor, ahora los mayores costos los deberán absorber cada jurisdicción. En esta línea, el ministro advirtió que “por los mayores costos que puedan generarse en el futuro o por aumentos salariales, cada jurisdicción provincia o municipio decidirá si aumenta la tarifa o asigna compensaciones de su propio presupuesto”.

La estrategia podría significar otro revés para la administración de Mauricio Macri con aquellas empresas que pertenezcan a la Ciudad. El área metropolitana está surcada por alrededor de 10.000 colectivos distribuidos en 142 líneas que están numeradas, todas, entre el 1 y el 2002. Cada uno de los colectivos recibe, en promedio, $ 30.000 por mes en subsidios que paga el fisco. En diciembre pasado, el mes récord de pagos al sector, el cheque que firmó el Ministerio de Planificación Federal –que por entonces manejaba el transporte– para los transportistas fue de $ 1.760 millones.

Por otra parte, hoy están en uso más de 11 millones de tarjetas, las utilizan más del 60% de usuarios, que pagan por este medio en los 18.5000 colectivos de transporte colectivo.