Tras jurar como flamante juez penal juvenil en la capital provincial, el doctor Héctor Aiello —quien se desempeñó como fiscal en Tostado desde 2019— asume la responsabilidad de cubrir una de las vacantes en un fuero clave. Su llegada coincide con el primer aniversario de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en Santa Fe, un sistema que busca modernizar el abordaje de los delitos cometidos por menores de edad.
"El desafío es sumarme a la consolidación del sistema penal juvenil con el nuevo Código Procesal, que está cumpliendo un año", explicó Aiello en su visita a LT10. El magistrado destacó la importancia de trabajar de forma coordinada con los nuevos actores de la fiscalía, la defensa pública y el colegio de jueces para cubrir cargos que se encontraban vacantes.
Al ser consultado sobre la realidad con la que se encuentra al asumir, el juez señaló que la justicia penal juvenil suele enfocarse en los casos más graves. Según la normativa nacional, los jóvenes de entre 16 y 18 años son perseguibles penalmente cuando cometen hechos con penas superiores a los dos años de prisión. "A veces vemos una mayor gravedad en los hechos y creo que es un reflejo de una violencia mayor que se vive en la sociedad en general, donde los lazos sociales se encuentran deteriorados", reflexionó.
Sobre la discusión nacional acerca de la baja en la edad de imputabilidad, Aiello fue cauto pero conceptual: "Es una discusión que deben llevar adelante los legisladores como representantes de la sociedad; los jueces trabajamos con lo que ellos deciden".
No obstante, coincidió con la visión de que la disminución del delito juvenil está estrechamente ligada a la prevención social. "El trabajo desde la salud mental, la educación y el asegurar cuestiones básicas como vivienda y acceso a derechos fundamentales es lo que realmente hace que disminuya el delito", afirmó. Aun así, reconoció como "entendible" desde lo humano el reclamo de las víctimas que exigen sanciones y justicia.
El magistrado aclaró que, en el sistema actual, para los jóvenes de 16 a 18 años se realiza un "juicio de responsabilidad". Allí se determina la autoría y la culpabilidad, analizando si el menor tenía capacidad para comprender el delito cometido.
"El juez de menores dispone, en muchos casos, medidas socioeducativas y de contención para subsanar carencias. Solo si después de ese camino se considera necesaria una pena, esta se aplica", detalló. Respecto a la visibilidad de los procesos, explicó que, por resguardo del menor, la regla general es que los juicios no sean públicos, aunque se garantizan todos los derechos de la víctima —quien puede ser querellante— y del imputado.
Con su asunción, las causas que hasta ahora eran subrogadas por jueces del fuero de mayores volverán a contar con un magistrado especializado, garantizando la especificidad que requiere el proceso penal juvenil en la provincia.