El Gobierno nacional volvió a postergar la actualización completa de los impuestos a los combustibles, una medida que busca moderar los aumentos en la nafta y el gasoil y, de ese modo, contener la presión inflacionaria. La decisión se tomó a fines de agosto y prorroga la aplicación plena de los tributos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO₂), que por normativa deberían ajustarse trimestralmente según la evolución del Índice de Precios Minoristas.
Con esta medida, desde el 1° de septiembre los incrementos en los surtidores fueron limitados. En el caso de la nafta, la suba fue de apenas 0,75%, lo que deja los impuestos en $11,2 por litro y un precio de referencia de $1.313 en la Ciudad de Buenos Aires. En el gasoil, el alza osciló entre 0,75% y 1%, con tributos en torno a $9,6 por litro, aunque el valor final varía según cada petrolera y la zona geográfica.
El Ejecutivo busca evitar que el traslado impositivo se convierta en un nuevo factor de presión sobre la inflación, que en julio fue de 1,9% según el Indec y que, según los economistas, podría trepar al 2% en agosto. “Pese a que la baja en el barril de crudo era el momento para recomponer el ICL, hubo una decisión política de privilegiar la contención de la inflación”, explicó Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía.
Sin embargo, el especialista advirtió que este atraso en la actualización representa un fuerte costo fiscal: “equivale a la mitad de los subsidios al sector energético”. Según los cálculos de la consultora, el ICL recauda actualmente el 0,6% del PBI, cuando debería alcanzar el 1%. Esto implica que el tributo aún necesita una recomposición superior al 90%.