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En septiembre del año pasado, el camarista mendocino Luis Miret jugó su última carta: presentó su renuncia en un intento por evitar el jury de enjuiciamiento. Pero la jugada no salió. El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación lo destituyó luego de un proceso en el que se lo encontró culpable por mal desempeño de sus funciones al haber omitido investigar o efectuar denuncia penal de vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición por parte de fuerzas represivas en la provincia de Mendoza en febrero de 1976.

Con 72 años, Miret, quien integraba la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, perdió su jubilación, sus prerrogativas como magistrado nacional y quedará ahora sujeto a la causa penal que se sigue en su contra en Mendoza por delitos relativos a presunto encubrimiento o falta de investigación de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

El escrito en el que había hecho explícito su deseo de dimisión, Miret había expresado que "la edad afecta el normal rendimiento que merece el alto cargo de la magistratura". Pero la renuncia nunca fue aceptada por Cristina, por lo que el proceso en el Consejo avanzó sin trabas hasta la sentencia.

Miret, quien no asistió a la lectura del veredicto, fue removido del cargo en forma unánime por el jury en tres de los cargos que se le imputaban, ya que en los restantes dos el voto mayoritario se inclinó por desestimar las acusaciones.

En los casos donde se lo encontró culpable, el jury entendió que Miret como juez subrogante tuvo "noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina", según el fallo.

"Puede concluirse sin hesitación que el magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto", se agregó.

Se trata de un grupo de militantes y delegados sindicales detenidos por la policía mendocina en febrero de 1976 y llevados al D2 de Mendoza donde -según relataron en el jury- fueron sometidos a violaciones reiteradas, torturas y otros delitos.

Miret debió, "ineludiblemente" como juez de instrucción, formar la correspondiente investigación y al no hacerlo mostró "una conducta incompatible con el ejercicio de la magistratura en un acto de mal desempeño y que podría eventualmente constituir la comisión de un delito", algo que es materia de investigación en la justicia federal de Mendoza.

El jury, presidido por el juez Carlos Bossi e integrado por su colega Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti, advirtió que si bien Miret era juez subrogante -su cargo efectivo era defensor oficial- tenía las mismas obligaciones que los magistrados designados en su cargo y tenía "que actuar de acuerdo a la normativa vigente y que establecía la obligación de investigar delitos de su competencia y denunciar aquellos de los que tomara conocimiento".

Miret "dejó librados a su suerte" a los detenidos imputados entonces por delitos de subversión "soslayando el drama del D2 y sin asumir mayores responsabilidades cuando era su deber ineludible hacerlo", consignó el veredicto del jury.

Los consejeros remarcaron que ya en democracia, cuando el Senado aprobó su pliego para camarista, se desconocía aún lo acontecido en febrero de 1976 con un grupo de detenidos en el departamento de policía de Mendoza, sometidos a torturas, vejaciones y condiciones inhumanas de cautiverio.

De hecho, se remarcó que pasaron varios gobiernos constitucionales y él "nunca intentó remediar esa grave falta denunciando los hechos que había conocido sin hacer nada al respecto".

El jury también consideró que esa deuda "no puede saldarse" con una "próspera carrera judicial posterior y una brillante actuación académica como dice tener Miret ni la correcta actuación en otros casos".

Por voto mayoritario y disidencia de dos consejeros, el senador Eric Calcagno y el diputado Jorge Landau, se descartaron los cargos que enfrentaba por cerrar una pesquisa relativa a una beba robada en la dictadura y que recuperó su identidad 30 años después y por lo ocurrido a Luz Faingold, detenida a los 17 años en febrero de 1976, violada y enviada luego a un instituto de menores por Miret.